Me llamo Sara y vivo en Madrid. En 2016, me percaté de que empezaba a cojear. Por aquel entonces, yo era diseñadora de moda y viajaba mucho, así que, de entrada, achaqué el síntoma al estrés. Aun así, después de un tiempo que el síntoma no remitía, sino que empeoraba, me ingresaron y me diagnosticaron Esclerosis Múltiple.

Empecé tratándome en la privada, pero los mismos médicos enseguida me recomendaron pasarme a la Sanidad Pública, así que me derivaron al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, un hospital de titularidad público-privada. Me empezó a tratar un doctor maravilloso que, por mala suerte, dejó el hospital a los seis meses de acudir yo. De la misma forma lo hicieron la mayoría de neurólogos del centro sanitario y también el equipo del Hospital Clínico San Carlos. Quedaron tres neurólogos.

Me asignaron, entonces, la directora de neurología para que llevara mi caso. Le puso “nombre y apellidos” a la enfermedad y aunque yo insistí que mi patología no conllevaba brotes, sino que mi deterioro es progresivo (y a falta de una medicación concreta para mi tipología de enfermedad), me recetaron la medicación común.

Después de un tiempo, mi cuerpo empezó a rechazar la medicación. En una ocasión que los efectos adversos fueron severos, acudí al médico para insistir en que la medicación no me estaba funcionando. La doctora me probó dos o tres tratamientos más, que tampoco funcionaban y también rechazaba y, finalmente, salió la medicación específica que necesito para frenar el avance de mi tipología de enfermedad.

La doctora insistía en que, para recetarme la medicación en cuestión, debía de cumplir unos parámetros concretos y entre pruebas rutinarias, fue pasando el tiempo. Un año más tarde, exigí otra solución. Entonces me practicaron una resonancia y se detectó, evidentemente, afectación en la médula. La señora que llevaba mi caso me derivó con otro profesional y entonces empecé a tomar la medicación específica. Ya era tarde; había perdido la capacidad de andar. Voy en silla de ruedas.

En mi caso, después de indagar hemos podido descubrir que se priorizó la sostenibilidad económica del hospital por encima de mi necesidad en relación con el tratamiento: se estaban recortando gastos recetando tratamientos baratos, cuando se consideraba que no era estrictamente necesario aplicar un tratamiento como el que me recetaron a mí mucho más tarde, más costosos.

Esto lo pagué muy caro, perdí la posibilidad de caminar. Si la gestión hubiera sido poniendo a la paciente al centro y dejando de lado los costes económicos –hecho que se espera de cualquier hospital de titularidad pública-, yo habría recibido el tratamiento mucho antes y la enfermedad no habría avanzado hasta tal punto.

Este es solo uno de los muchos aspectos que el retroceso que está experimentando la Sanidad Pública en favor de la privada está poniendo encima de la mesa. Necesitamos que se revierta la situación, necesitamos garantías de que, en materia de Sanidad, se prioriza al paciente por encima de la empresa. ¡Pedimos una gestión humana, pública y de calidad en la Comunidad de Madrid!