Desde hace años se está echando en falta los servicios que podríamos estar prestando y a los que no se puede acceder. Mi nombre es Sara Lozano y soy mediadora comunicativa, mi vocación es ayudar a conseguir una sociedad más inclusiva. Quiero trabajar de lo mío pero no tengo respaldo legal, no me permiten ejercer mi profesión. 

Actualmente , en el aula , solo cuentan con la buena voluntad del docente pero eso no es suficiente. Necesitan apoyo y herramientas que le acerquen al mundo ( su aula, sus compañeros, sus profesores, el curriculum escolar,...) Aquí es donde el mediador comunicativo puede desempeñar su trabajo ya que conoce bastantes estrategias así como sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con los que podrá servir de nexo entre el niño y su entorno, logrando así un intercambio comunicativo funcional.

Nosotros somos Marco Antonio Sánchez Domínguez (Sevilla) y Víctor Manuel Barrado Ortiz.

Desde el 2014 está instaurada la titulación y, en 2017 nos graduamos la primera promoción, pero todavía no se ha regulado la categoría profesional. Esto significa que se nos está excluyendo en las normativas del grupo de evaluación y apoyo al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, labor para la que estamos formadas. No podemos dar ese apoyo educativo porque no estamos incluidos en la categoría que la Junta designa como ‘no docentes’. Dicha categoría se reguló en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 y fue actualizada en 2018. Es decir, ya existía la primera promoción de mediadores comunicativos y no se nos incluyó. 

¿Cómo podemos trabajar entonces los mediadores comunicativos? Las personas que perseveran para poder ejercer su vocación son contratadas por entidades privadas pero bajo el nombre de otros profesionales, por ejemplo, mediadores de sordoceguera, ya que no se nos puede contratar con nuestra categoría profesional. Nuestro trabajo no está regulado.

Tampoco tenemos acceso, ni podemos cubrir la demanda de las plataformas de familiares de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares públicos. Porque nuestra categoría profesional no está incluida como personal no docente de los centros educativos, categoría en la que se nos debería incluir ya que nuestra labor es complementaria a la de otros profesionales como son los PTIS, los Intérpretes de Lengua de Signos, etc.. La falta de regulación se traduce también en la ausencia de convocatorias públicas, no sólo en el ámbito educativo sino también a nivel sociocultural, gestión social, gestiones básicas… 

Cuando en el Real Decreto 831/2014 del BOE  se establece una formación profesional además del Grado Superior y se concreta en la Orden de 27 de octubre de 2015 del BOJA -según la normativa que la propia Junta de Andalucía establece- es para dar accesibilidad a esas personas que la cursan con salidas profesionales. Y en nuestro caso no está siendo así. Nosotros llevamos desde el 2014 y no se ha dado esta salida profesional. Llevamos ya muchos años, tenemos que hacer algo.

Por eso, desde hace unos meses estoy colaborando con un grupo de mediadores y mediadoras comunicativas de varias provincias de Andalucía que estamos informando y difundiendo nuestras demandas: pedimos que se reconozca nuestra categoría profesional, que se nos visibilice y que se nos incluya en la normativa ya vigente para poder actuar en los ámbitos de actuación que ellos mismos regulan y establecen dentro del Real Decreto de nuestra titulación. La profesión existe porque la demanda existe, hay colectivos que necesitan de mediadores comunicativos. 

Teniendo en cuenta nuestra situación irregular, me dirijo a ustedes políticos del Parlamento Andaluz porque soy de Granada y son mis representantesen dicha cámara: 

En primer lugar requiero la regulación profesional de los Mediadores Comunicativos en todos los ámbitos de posible actuación de este perfil profesional,  al igual que el resto de profesionales.

En segundo lugar, que específicamente en el ámbito educativo se nos incluya dentro del grupo de profesionales que corresponde. Hay dos grupos, el personal docente como los logopedas, pedagogos y profesores y el personal no docente: los intérpretes de lengua de signos, técnicos de integración social, fisioterapeutas etc. Es en este grupo donde se debe incluir al mediador comunicativo.

Por último, solicitamos la elaboración de convocatorias públicas desde la Junta de Andalucía en todos los ámbitos de intervención que sean procedentes para facilitar la contratación de los Técnicos Superiores en Mediación Comunicativa.