Los poderes políticos constituidos en el país, están al debe con las víctimas de la violencia institucional  y violaciones a los derechos humanos en cuanto a la verdad, reparación y justicia. Es urgente ir más allá de una Ley de Indulto, hoy el Estado debe hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante estos 30 años y más. Soy Sofía Rodríguez, estudiante de cuarto año de derecho y activista por los derechos humanos y la memoria. 

Si pensamos en cómo se constituyó el Estado de Chile, vemos que la historia del país está marcada por la violación a los derechos humanos. Eso que llamaron “pacificación de la Araucanía” no fue más que una devastación a los territorios, a la vida de hombres, mujeres, niños y niñas. La dictadura de Pinochet y su legado de negacionismo,  la violencia institucional durante el estallido social que dejó a personas mutiladas, asesinadas e incluso encarceladas injustamente, pero también tenemos el caso del Sename, otra forma de violación a los derechos humanos permanente y muchas veces invisibilizada por tratarse de infancias. 

Podríamos hablar también de la vulneración de los derechos fundamentales en las cárceles, de las expulsiones masivas de migrantes, algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado; y por otro lado, está la variante de género y las inexistentes garantías que tienen hoy las mujeres para vivir una vida libre de violencia. 

Y pasa que, cuando los Estados vulneran sistemáticamente los derechos humanos, lo que corresponde es reparar sistemáticamente los daños provocados, y no solo a la víctimas directas, sino que a la democracia y al país completo. No basta con una Ley de Indulto, hoy no sé qué ley podría solucionar y reparar a todas las víctimas de vulneraciones por el Estado, tiene que existir una medida más de fondo que busque no solo reparar sino que garantizar que de aquí en adelante viviremos en un país respetuoso y garante de los derechos humanos. 

El trabajo que se está dando hoy la Convención Constituyente, de manifestar públicamente las diversas formas de violación a los derechos humanos en las que ha incurrido el Estado chileno a lo largo de su historia y el reconocimiento de la prisión política en Chile, también debería hacerla la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, porque finalmente ellos tienen el poder de revertir y reparar estas situaciones. Por mucho que las y los constituyentes hagan declaraciones y se manifiesten en torno a estos temas, no tienen la facultad política de legislar en torno a esto y menos a corto plazo. 

Teniendo el antecedente de la Comisión Valech, sería importante que las autoridades políticas se plantearan la necesidad de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile, ¿existirá la voluntad política?

Necesitamos el apoyo de todas y todos ustedes, ya que, si conseguimos 400 apoyos, esta petición llegará a las y los parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados y nos tendrán que dar una respuesta en esta misma web. Ayúdanos haciendo clic en el botón “apoyar” y difundiendo.