Soy Sonia, madre, comunicadora y sexóloga feminista. Hace unas semanas, cogí el autobús para dejar a mi hijo en la escuela e ir a trabajar, pero el conductor se negó a dejarme subir porque mi carro no entraba por el pasillo delantero. Fue la segunda vez que tuve que vivir una situación así, de forma injustificada. La primera fue con mi bebé de 3 semanas, a las 9 de la noche y con el autobús vacío. En aquel momento pusimos una reclamación que nunca obtuvo respuesta más allá de un email despersonalizado.

La normativa de acceso, en el artículo 2.b de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, recoge la posibilidad excepcional de entrar con un carro por la puerta central o trasera. Este artículo no es inclusivo, ya que el hecho de poder entrar por la puerta trasera no debe ser “excepcional” sino una opción cuando se necesite. El transporte Público debe recoger las necesidades de las personas más vulnerables y esto incluye a las familias que viajan con criaturas. Además, por supuesto, de que se tuviera en cuenta la seguridad de éstas antes de arrancar, asegurando que personas con movilidad reducida, mayores, criaturas o familias con carros estuvieran sentadas o con los carros bien colocados antes de arrancar.

Es una cuestión de civismo, de respeto a la ciudadanía que hace uso de un servicio público que es un bien común.

Por otro lado, la normativa no recoge en ningún lado de forma explícita el derecho de las madres a la lactancia materna en el transporte público. Ojalá no fuera necesario, pero somos muchas las mujeres que nos hemos sentido incomodadas al hacerlo. La lactancia materna debe ser protegida, es algo natural y necesario y la normativa debe garantizar el bienestar de madres y bebés, para que no nos veamos obligadas a bajar del autobús antes de tiempo para poder alimentar a un bebé que no entiende de normativas ni de horas.

Ojalá todo servicio público pusiera en el centro la vida y necesidades básicas de todas las personas, especialmente quienes más lo necesitan.

Es necesario denunciar estos hechos para que nunca más ocurran. La normativa no tiene en cuenta a las madres y discrimina a las familias. Las madres y los padres deben tener el mismo derecho que tienen todos los ciudadanos a coger el transporte público: es este el que se debe adaptar a ellos y no viceversa. Exigimos un cambio en la normativa, que se termine el abuso de poder por parte de algunos conductores de la EMT. 

#StopMaternofobia