La violencia obstétrica sigue siendo una lacra en nuestro país. Esta, es definida por el Observatorio de Violencia Obstétrica de España como “el desconocimiento de las necesidades emocionales de la madre y del bebé en cualquier momento del embarazo, del parto y del puerperio inmediato, así como de la autoridad y autonomía que la mujer tiene sobre su sexualidad, su cuerpo y sus bebés y las posturas, ritmos y tiempos que requiere el parto para desarrollarse con normalidad”. Es decir, se refiere a todas aquellas prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, que son violentas o pueden ser percibidas como violentas.

La violencia obstétrica constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y por tanto, de los derechos humanos en general. Este tipo de prácticas constituyen un verdadero problema de Estado y de salud pública en diversos países del mundo, incluido España.

Nuestro país ha sido reprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación sobre la Mujer de Naciones Unidas en tres ocasiones por violencia obstétrica. 

Nos hemos decidido a lanzar esta campaña, porque al igual que aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres españolas, nosotras también hemos sufrido este tipo de violencia. Somos tres mujeres que durante nuestros partos en 2009 (Sevilla y Galicia) y en 2012 (Gipuzkoa) fuimos sometidas a distintos procedimientos sin consentimiento informado ni indicación médica justificada. Las consecuencias del trato recibido en nuestra salud física y mental como la de nuestros hijos e hijas nos llevaron a reclamar en distintas instancias lo vivido con el objetivo de que esto no volviera a pasarle a ninguna otra mujer. 

Tras procesos muy largos de juicios, finalmente la CEDAW dictaminó en los tres casos, es decir, en la totalidad, que fuimos víctimas de discriminación por razón de sexo y trato estereotipado tanto en los sistemas de salud como en el judicial. A su vez, dictaminó que debíamos ser indemnizadas por el Estado y además, se debían adoptar medidas para dar fin a la violencia obstétrica por tratarse de un problema “sistemático y generalizado”. 

Una vez finalizado el periodo voluntario para el cumplimiento de los dictámenes nos hemos visto obligadas, de nuevo, a reclamar en instancias judiciales el cumplimiento de estos. No obstante, recientemente, El Tribunal Supremo ha indicado que los Dictámenes de los Comités de Tratados no son vinculantes para España y por lo tanto, no cumplirá con los referentes a la violencia obstétrica dejándonos a nosotras y a todas las mujeres en completa indefensión. 

Por ello, desde aquí solicitamos el cumplimiento de los 3 dictámenes de manera inmediata y dirigimos esta petición a los representantes del Congreso de los Diputados para que nos escuchen y tomen cartas en el asunto. 

Las mujeres no somos ciudadanas de segunda y nuestros derechos humanos básicos están siendo vulnerados de manera generalizada. En violencia de género y en derechos humanos no hay medias tintas: o se cumplen los Tratados ratificados en esas materias por España o lo más coherente es que nuestro Estado se aparte de los mismos.

Pedimos desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. ¡Gracias a todas y a todos!