Somos las familias de 14 alumnas y alumnos del CEIP Tomás de Villarroya de Valencia que usan silla de ruedas para poder desplazarse. Las clases de este centro se dividen entre dos plantas, pero como cuenta con un ascensor, se considera que está “adaptado” para la movilidad reducida. Sin embargo, tiene varias carencias fundamentales que hacen que el acceso y seguridad de nuestras hijas e hijos esté en peligro:

• El edificio y el ascensor son tan antiguos que no cumplen con la normativa actual de dimensiones y de peso.
• Se añade el hecho de que el ascensor, desde hace varios años atrás, tiene averías continuadas que inciden de forma directa en la normalidad del centro.
• La capacidad del ascensor es tan pequeña que solo puede ir una alumna o alumno en su silla acompañada/o de una persona adulta. Si son 14, siempre llegan tarde en los cambios de clase porque no hay tiempo suficiente para poder hacer los desplazamientos en hora.

Con todo esto queremos exponer que se está poniendo en riesgo la inclusión y educación de nuestras hijas e hijos, siendo conscientes, la gran mayoría de las limitaciones que les impone el sistema educativo, es porque no se tiene en cuenta su movilidad reducida. 

Lo mismo sucede con su educación. El curso pasado el ascensor se averió, y el alumnado pasó dos semanas en un aula de la planta baja preguntándose cada día cuándo volverían a estudiar con sus compañeras y compañeros. Perdieron el ritmo de las clases porque nadie podía explicarles el temario al ser de cursos diferentes, y sólo hacían tareas con una educadora y los libros, no podía estudiar ni aprender con el resto del grupo. 

Desde el centro educativo, el AMPA y las familias del alumnado afectado se están llevando a cabo numerosas peticiones, las cuales no tienen la respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas correspondientes.

Es por ello que lanzamos esta petición, para que se asegure el ACCESO DE LA MOVILIDAD REDUCIDA EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Por su seguridad y su inclusión, para que puedan estar a la misma hora en clase y tener las mismas opciones de aprendizaje que el resto. 

Si la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Valencia, éste último propietario del centro, consideran que se cumple la normativa al existir un ascensor para dos plantas, es que no quieren ver la realidad del día a día de un colegio que se considera de "escolarización preferente de alumnado con discapacidad motórica" y con capacidad para 44 plazas. Con sólo 14 plazas activas les estamos demostrando que un elevador no es la solución, y que necesitamos una respuesta que muestre un poco de empatía y se deje de negarnos la evidencia de un problema que sufrimos durante todo el curso escolar. 

El colegio es del año 1996, y como todo, debe adaptarse a las necesidades actuales del alumnado. Ya sea con una rampa entre plantas o con otro modelo de ascensor, la adaptación o modificación de las infraestructuras son necesarias para su igualdad.

Por lo tanto, queremos que se llegue a un consenso para que se adapte la normativa a un acceso igualitario garantizado. Para que el alumnado futuro del centro no se encuentre con las mismas dificultades, y que nuestras hijas e hijos puedan ver que luchando por sus derechos, hablando y negociando, la palabra “inclusión” puede ser un poco más real.