El personal de los diferentes organismos que tienen que atender a mujeres víctimas de violencia machista muchas veces no cuentan con la formación necesaria para tratar a estas mujeres con la empatía y profesionalidad requerida.

Somos Alas Violetas, una asociación ecofeminista compuesta por un grupo de mujeres que decidió unirse en 2019 tras la realización de una actividad conjunta el 8 de marzo. Cada una de nosotras venía de otros movimientos sociales y políticos y coincidimos en la importancia de unir nuestros compromisos para la consecución de una sociedad más justa y más igualitaria. 

Desde entonces no hemos parado de trabajar de forma altruista y voluntaria. Hemos realizado numerosas actividades de diversa naturaleza poniendo siempre el foco en la necesidad de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Fruto de esas actividades, de nuestra experiencia profesional y de los debates internos entre las diferentes componentes de la asociación identificamos los obstáculos a los que se enfrentan a nivel institucional las mujeres víctimas de violencia de género. El desconocimiento y los prejuicios afectan considerablemente al trato que reciben estas mujeres.

Gran parte de las detenciones que se realizan en el juzgado de nuestra localidad corresponden a temas de violencia. Por lo general estas mujeres se encuentran con situaciones que reflejan prejucio y desconocimiento por parte de algunas de las personas que las atienden. Dudan de sus relatos, no las toman en serio a no ser que lleguen al juzgado o la policía con signos de haber sufrido violencia física. Además de la duda destaca también una actitud que las culpabiliza al considerar que ellas son responsables porque se dejan pegar e insultar. Esto muestra que las personas que las atienden no conocen el proceso por el que pasa una mujer que sufre violencia machista. No obstante, se aplica la ley y los jueces sí que ponen la orden de alejamiento, pero en la primera toma de contacto con la administración no reciben un trato adecuado. De la misma forma que no se prejuzga a los presuntos maltratadores, porque son presuntos hasta que un juez o jueza dictamine que lo son, tampoco se puede prejuzgar a las víctimas que sufren la violencia de género.

Un indicador muy revelador de la falta de conocimiento por parte de los y las profesionales es esperar que las víctimas hagan un relato estructurado, detallado y que siga una secuencia temporal ordenada. El no hacerlo es un refuerzo para dudar de la veracidad de los sucesos. Sin embargo, si nos ponemos en el papel de una mujer que está sufriendo maltrato, que están asustada, que sufre estrés postraumático, depresión, síndrome de indefensión aprendida,...es difícil pedirle que haga un relato ordenado, cuando no imposible.

Para las mujeres que acuden a denunciar, solo es el principio de un nuevo  calvario. Denunciar no pone fin a sus problemas, aún les queda un largo proceso, incertidumbre y más miedo. 

El maltrato psicológico a veces es muy difícil de acreditar, la ley dice que no te pueden juzgar por algo que no se puede demostrar. Tendría que haber más unidades de valoración que puedan ayudar en los casos en los que hay dudas sobre los relatos. Es necesario contar con más forenses, psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales. En Cádiz solo hay dos unidades en toda la provincia, esto demora las valoraciones de los casos hasta casi un año. 

La formación que reciben estos profesionales no puede ser de pocas horas, no puede ser una formación que sólo contenga los conceptos fundamentales, la ley y poco más. Es necesaria una formación completa, integral, que vaya a la raíz de la violencia de género, que deconstruya las ideas preconcebidas y erróneas. Es necesaria una formación que recoja la perspectiva psicológica y sociológica de la violencia de género, además de la legislativa y del conocimiento de los recursos existentes.