Sí, reduciremos las cuotas que hoy día pagan los autónomos españoles, muy superiores a las de los autónomos británicos, portugueses y franceses, por ejemplo. Pero no es lo único que haremos. También incrementaremos la capacidad adquisitiva de la población con menos recursos para que aumente su consumo y por lo tanto lo hagan también las ventas de los autónomos (la falta de clientes es el principal problema que identifica este colectivo, véase la encuesta de El Observatorio del Trabajo Autónomo de la Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado Español). Además, estableceremos mecanismos para que tengan prioridad en la recepción de créditos por parte de la Banca Pública que crecemos crear así como del ICO. También les daremos prioridad en las licitaciones públicas. Simplificaremos los procesos administrativos. Reformaremos la ley para introducir el límite máximo de 30 días en el pago de las administraciones públicas y de las grandes empresas, bajo pena de importantes sanciones. Obligaremos a las empresas que acuden a cobrar al FLA que paguen a sus proveedores, subcontratas, pymes, etc.

Haremos que la obtención del acceso a la prestación por cese de actividad se produzca con la baja en actividad empresarial en Hacienda y baja en la Seguridad Social. Revisaremos los Módulos de estimación objetiva para autónomos y revisión de la actual Ley de Mutuas para lograr la equiparación en obligación y derechos a los demás partícipes de las Mutuas. También reformaremos la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que las empresas con faltas graves o muy graves no puedan operar en el mercado donde han sido sancionadas. Las faltas leves deben ser sancionadas por su verdadero daño al mercado con el objetivo de que sean realmente disuasorias.