Desde hace un tiempo a esta parte, las personas que vivimos bajo el régimen de alquiler en Baleares estamos sufriendo de unos precios abusivos. Unos precios tales que superan incluso el valor de un sueldo medio en las islas. 

Según el último reportaje del periódico  ARA BALEARES. La vivienda de segunda mano llegó  a un precio medio de 3.144 euros por metro cuadrado en  Baleares. Dicha cifra supone en enero, un incremento de un 5,7%  respecto del mismo mes del año pasado, el más relevante del Estado, según el informe mensual de precios de venta de Pisos. 

Respecto del mes anterior, en diciembre de 2019, la subida del precio de la vivienda en Mallorca ha subido el 1%, según ha informado la agencia Efe. Así, las Islas Baleares son la autonomía más cara del país, por delante  del Pais Vasco (2.701 €/m²). En Palma, con 3.270 €/m², el precio de la vivienda licitó un 7,9% respete de enero del 2019, y un 0,6% respecto de diciembre. La Ciudad Capital ha sido la segunda provincia que más ha aumentado en un año, y además, se sitúa como la cuarta capital de provincia más cara, en un listado liderado por San Sebastián (4.913 €/m²). 

Respecto a los últimos datos estadísticos y viendo que esta problemática social, que lejos de mejorar la situación para el ciudadano, sigue creciendo. Nuestra pregunta es, ¿qué piensa hacer el gobierno balear al respecto? La población de baleares ya no puede con esta situación, se nos escapa de las manos, una familia trabajadora, ni siquiera tiene derecho  a la privacidad, se ve obligada a compartir piso. El ciudadano se ha quedado sin acceso a la vivienda. Por favor os pedimos que nos deis soluciones inmediatas.

Esperamos mejores respuestas para el 2020, una bajada de precios, cosa que no ha sucedido, si bien en la entrada del otoño, se pronunciaba una bajada de precios, pero tan sólo tres meses después nos damos cuenta que esta situación no ha disminuido, lo contrario aumentado más, a los datos me remito.

Es por ello que hacemos llegar al Parlamento Balear esta campaña, para que pongan los medios a su disposición para que los precios de los alquileres se ajusten a los sueldos medios de los trabajadores. Para que exista una regulación al respecto a los propietarios no puedan imponer unas condiciones que son prácticamente inasumibles por parte del ciudadano medio y las familias.