Hola. Somos la Asociación de afectados por el metro de Rafael Alberti-Presa en San Fernando de Henares –Madrid- y nos hemos unido por una problemática común: El deterioro que estábamos sufriendo a consecuencia de la L7B de metro de Madrid. 

En el año 2007 se inauguró la ampliación de la L7B de metro que, por fin, daba servicio a dos de los más importantes municipios del Corredor del Henares: Coslada y San Fernando de Henares.

En un principio iba a contar con 3 estaciones en Coslada (Barrio de Puerto, Coslada Central y Rambla) y 2 en San Fernando de Henares (San Fernando y Jarama).

Finalmente, y con el proyecto inicial en plena construcción, una decisión política cambió el trazado del proyecto y añadió dos estaciones más: Henares, en San Fernando de Henares, y Hospital del Henares.

Desde su inauguración, la L7B de metro ha sufrido numerosos cierres de servicio debido a las deficiencias en la construcción y debido al aceleramiento del proceso de disolución de sales en el subsuelo por la ejecución del proyecto, sin tener en cuenta los informes geotécnicos que ya avisaban de los procesos naturales de karsificación que había por el tipo de suelo existente en todo el trayecto de la ampliación.

El primer problema en edificaciones privadas surgió en el año 2008, cerca de la estación Jarama, y en el año 2017 la zona afectada se centró más en el pozo de ventilación y bombeo PK7+422. Ahí comenzaron los desalojos, pero nunca se les consideró afectados a estos vecinos.

A finales del año 2019 empezaron a aparecer grietas por algunas casas de la calle ‘La Presa’ y la evolución fue tan rápida que en pocos meses pasó de ser un hilo a poder meter la mano completa dentro de ella.

Tras informar de estas grietas, 24 familias fueron desalojadas a unos apartahoteles a 15 km del municipio con el fin de rehabilitar sus viviendas y volver a sus casas en cuestión de 3-4 meses.

Pasados 5 meses comunicaron a las familias que no podían rehabilitar sus viviendas y las declararían en ruina. Debido al mal estado del edificio, dejaron solo 30 minutos a las familias para coger lo que pudieran de sus casa y despedirse para siempre de lo que había sido su proyecto de vida. El 17 de Mayo comenzaron a demoler dicho edifico con la mayoría de sus enseres en el interior.

Tras vivir 1 año en un aparthotel y cumplirse el contrato de emergencia, los vecinos desistieron con la única solución que propuso la CAM: Darles 798 euros durante 5 meses y que se buscaran la alternativa habitacional por ellos mismos. Indignante.

Después de pasar 5 meses, todavía no tenían las indemnizaciones listas y al no ver ningún tipo de ayuda, los vecinos no vieron otra opción que acampar enfrente de la Oficina de Atención a los Afectados, inaugurada en el municipio, y exigir una solución.

Tras crear la Asociación y preparar jurídicamente la demanda hacia la Comunidad de Madrid, el estado de lo que se denomina la "Zona 0" empeoraría. Actualmente son 41 viviendas derribadas, 4 locales comerciales y 39 plazas de garaje. Una orden de derribo de 14 viviendas, 32 en estudio y 2 locales comerciales. Todo esto hace un total de 600 familias afectadas.

Por todo lo plasmado, lanzamos la siguiente petición a la Asamblea de Madrid para que, de manera inmediata, se tomen medidas políticas y legislativas para paliar las situaciones de pérdida de vivienda y de desalojo provocadas por dichas obras públicas, que han causado la demolición de varios edificios en la localidad de San Fernando de Henares y que amenazan la estabilidad de otros inmuebles. 

De igual forma, queremos que se acuerde el contacto con las instituciones o autoridades competentes para intervenir, a través de la representación permanente de España o en la forma que sea más oportuna, a fin de resolver con la mayor prontitud la situación individualizada de los ciudadanos, que se ha visto o que se van a ver privados de sus viviendas, por los daños derivados de las obras de Metro, de modo que se les facilite con rapidez una vivienda digna y se les garantice la recuperación de su vida personal y familiar, de una forma urgente y efectiva.

También queremos que las autoridades españolas competentes nos garanticen de manera urgente los derechos fundamentales de todos los afectados, su derecho a la propiedad y a la vivienda, mediante iniciativas políticas o legislativas que permitan paliar de manera rápida y efectiva la situación de desamparo provocada por los propios poderes públicos, y todo ello conforme a los principios de una buena administración y en unos plazos que sean razonables.

Por último, queremos que se promuevan las iniciativas políticas y legislativas del Parlamento europeo que permitan garantizar en el ámbito de toda la Unión la atención urgente de situaciones de desamparo, vulnerabilidad social, pérdida de vivienda u otras análogas derivadas de las actuaciones de los poderes públicos, mediante mecanismos de financiación ágiles e inmediatos que permitan atender las necesidades más perentorias de los afectados, en especial su derecho a una vivienda digna, así como la protección de su integridad personal y de su vida familiar.