La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está incumpliendo la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que el propio organismo autonómico aprobó el pasado 25 de septiembre. Una normativa que, en su artículo 28.1, contempla que se reservará el 10% de los puestos de trabajo de las administraciones públicas a personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. 
Ahora, la consejería, alegando presión por parte de los sindicatos, se ha echado atrás en su promesa inicial, no sólo mostrando una falta de seriedad importante, sino, además, incumpliendo conscientemente una ley que ellos mismos elaboraron y que, por ende, supone una ilegalidad y una falta de sensibilidad alarmantes hacia un colectivo que, sin duda, muestra una gran vulnerabilidad en el acceso al mercado laboral.

Desde ADDA, solicitamos encarecidamente que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía cumpla la ley y tenga en cuenta al colectivo de personas con discapacidad, cumpliendo, además, con la promesa realizada. Un compromiso que ni siquiera supone un trato de favor al colectivo, sino que responde a actuar dentro de la normativa que ellos mismos elaboraron, aprobaron en el Parlamento Andaluz y publicaron en el BOJA el 4 de octubre de 2017.
En la última reunión entre ADDA y la consejería, mantenida, día 3 de julio, la Viceconsejera de Educación, Elena Marín, se comprometió con la asociación a valorar la correcta ejecución de la ley en lo referente a las bolsas docentes. ADDA, por su parte, advierte de que tomará las medidas legales y sociales que sean necesarias para que se vean por fin reconocidos sus derechos, tal y como establece dicha Ley 4/2017. “Llegaremos hasta el final”, afirma con rotundidad la presidenta del colectivo.