Hola JB,

Benjamin Franklin afirmó en cierta ocasión que en la vida solo hay dos seguridades: la muerte y los impuestos. Teniendo en cuenta que Franklin fue uno de los padres de la revolución americana, que precisamente arrancó con el motín de Boston contra el impuesto del té que Gran Bretaña quería imponer a sus colonias, la anécdota sirve para darnos cuenta de la importancia del asunto. Y el asunto no es tanto el hecho ineluctable del deber de pagar impuestos, si vives en un país civilizado, como el de qué se hace con ellos, a quién se cobran y en base a qué cálculo y obligaciones, quién los gasta y responde del gasto, etc. Es decir, la política fiscal.

Volviendo a la revolución americana, uno de los primeros lemas políticos de esta fue la negativa a pagar impuestos si los contribuyentes no tenían representación en el Parlamento que los aprobaba: no taxes without representation. Como los ingleses se negaban a conceder el derecho a representación a los habitantes de las colonias de Norteamérica (Gran Bretaña era un régimen parlamentario avanzado, pero aún lejos de lo que hoy entendemos como verdadera democracia representativa), el conflicto se zanjó con la independencia de las 13 colonias de los futuros Estados Unidos de América tras una larga y dura guerra y proceso revolucionario. Y todo por no pagar impuestos... sin representación de los contribuyentes cuando se votaran en el Parlamento. Es decir, sin política tributaria, impositiva o fiscal.

La equidad tributaria y el progreso de la democracia

Es fácil colegir de este famoso ejemplo una de las reglas de la democracia: los ciudadanos debemos pagar impuestos pero con algunas condiciones políticas básicas. Primero, solo con el voto de nuestros representantes tras un debate público detallado (el de los Presupuestos Generales del Estado, y los correspondientes de cada institución con autogobierno), y con una serie de garantías de que los impuestos se gastarán en el interés general. Y por supuesto, de modo legal, es decir sin corrupción ni procedimientos ilegales.

Sin duda esto es demasiado vago -tanto que a los ahora llamados libertarios les parece un robo confiscatorio-, y por eso mismo una de las líneas de progreso de la democracia en los últimos cien años ha pivotado sobre dos ejes: la fiscalidad progresiva, de modo que los más ricos paguen más; y transparencia en la gestión de los impuestos, limitando la discrecionalidad del gasto y exigiendo información sobre de dónde viene y dónde va a parar el dinero público.

Como España es en muchas cosas una democracia de escasa profundidad, la transparencia y el control público del uso de los impuestos es aún muy insuficiente. En cambio la corrupción, el despilfarro y la escasa progresividad fiscal son excesivas, e incluso escandalosas en los dos primeros conceptos. Por tanto, en España hay mucho que hacer en política fiscal para conseguir la calidad democrática a la que tenemos derecho y que el país necesita para progresar y salir de la crisis con un modelo productivo mejor (para lo cual la política fiscal es un instrumento básico).

Progresividad fiscal

Dejemos ahora de lado los problemas emparentados de la corrupción y el despilfarro para centrarnos en la falta de progresividad y equidad fiscal.

En España la carga fiscal está mal distribuida: son las rentas del trabajo, con diferencia, las que más aportan porcentualmente a la recaudación del Estado, mientras que las rentas del capital (ahorro, inversión, beneficios de empresas, etc.) tienen un trato más favorable. Esta asimetría es exagerada y no tiene otra justificación que la ideológica liberal-conservadora, según la cual hay que incentivar las ventajas fiscales de las rentas del capital para favorecer los negocios y la inversión en economía productiva.

Pero el resultado es que los trabajadores por cuenta ajena pagan, a través del IRPF, más de lo que deberían en un sistema fiscal más equilibrado. Por tanto, lo primero que proponemos es revisar a fondo este modelo para que las rentas del trabajo soporten menos carga fiscal, y las del capital aporten más. No solo elevando impuestos a "las grandes fortunas" (que sí deben pagar más) sino eliminando los mecanismos de elusión fiscal (que no evasión, que es otra cosa), como las múltiples bonificaciones y sistema de elusión existentes. Por ejemplo, poner a nombre de una empresa o un fondo de inversión el capital y bienes personales, para beneficiarse de mecanismos fiscales ventajosos. El famoso caso de las SICAV (uno de los sistemas más usuales de refugio de las grandes fortunas) es un buen ejemplo: no se trata de prohibirlas -no hay porqué-, sino de elevar las cotizaciones anuales sin esperar a la liquidación final, y hacer que las controle Hacienda, no la CNMV como pasa ahora. Hay muchos más ejemplos de este tipo de cosas que se deben hacer para tener un sistema tributario más eficiente y equitativo, que permita mantener o aumentar los ingresos públicos sin incrementar la presión y el esfuerzo fiscal con el modelo actual, es decir, pagar más la minoría que ya paga la mayor parte de la recaudación.

Una segunda medida de progresividad fiscal es eliminar los sistemas tributarios especiales como el Concierto Económico Vasco y el Acuerdo Navarro. Sobre todo porque debemos progresar hacia la integración fiscal europea comenzando por la de España. Nadie debería tener más ventajas o más inconvenientes fiscales por vivir en este o aquel territorio. Es más, la crisis ha probado la importancia de que la Europa del euro avance hacia la unidad fiscal por muy buenas razones económicas, monetarias, sociales y políticas. Por desgracia, todo indica que, si no lo evitamos, las excepciones fiscales privilegiadas se van a multiplicar en España en vez de reducirse. Ahora mismo la única que tiene sentido es la de Canarias por su lejanía insular, y también necesita ser reformada. Pero es muy probable que pronto veamos a los partidos viejos y alguno “nuevo” -no UPyD, por cierto-ofrecer al nacionalismo catalán y otros poderes regionales una "fiscalidad a la carta" que redundará en más desigualdad territorial y social, y menos recursos para el Estado.

En tercer lugar, y para no alargarnos, es muy necesario reformar el sistema de la Hacienda pública. La Agenda Tributaria debería ser independiente para evitar tratos de privilegio a grandes impositores, como ahora sucede, y combatir más eficazmente el fraude fiscal y la economía sumergida, a la que se atribuye un volumen de evasión conjunto cercano al 5% del PIB. Es evidente que si el Estado recaudara mejor ingresaría más sin aumentar la presión fiscal e incluso bajándola, es decir, con menos impuestos para la clase media y pymes, especialmente.

Una reforma fiscal básica:

En resumen, UPyD propone una reforma fiscal con estos criterios (más detallada en este enlace):

1 - Distribuir con más progresividad y equidad la carga fiscal para que las rentas del trabajo paguen menos y más las del capital, acabando con los numerosos coladeros de elusión fiscal a disposición de las grandes fortunas.

2 - Acabar con los privilegios fiscales territoriales y avanzar hacia una fiscalidad europea que permita una UE y un euro sólidos y solidarios.

3 - Combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, y la politización de la Agencia Tributaria, para conseguir una recaudación más profesional, eficaz, justa y equitativa. Que significará pagar menos.

Por supuesto, el objetivo de estas medidas debe complementarse con otras para lograr un mejor gasto e inversión pública, eliminando gastos innecesarios y despilfarros, campo en el queda mucho por hacer. Así como medidas de transparencia y evaluación de la gestión del dinero público. Si se hace todo esto bien, a la vez y a tiempo, podríamos tener un Estado de bienestar decente y más justo, pagando menos impuestos que ahora, lo que beneficiaría a la actividad económica incrementando la inversión privada. Ese es el objetivo prioritario. Mucho paro y pobreza son consecuencia de una mala política tributaria y fiscal.