Me llamo Christian Diaz y llevo en Fraude de Ley más de 10 años siendo Técnico de Laboratorio en la Universidad del País Vasco. Lucho por mi regularización y por acabar con esta situación de indefensión en términos de mis derechos laborales. En @xristiandiaz25 y @AsociaciónEPA cuento y escribo diariamente sobre esta situación y todas sus problemáticas. 

Desde que denuncié mi situación de fraude laboral en la campaña aquí publicada el 5 octubre del año 2022,  las cosas no solo no han mejorado, sino que se han vuelto aún más complicadas. Desde entonces, he estado atrapado en una situación de "indefinido no fijo", una categoría que considero errónea y que perpetúa el abuso en mi entorno laboral. Como explicaba en la última ocasión, a raíz de la situación insostenible, decidí hacer una huelga que duró seis meses, pero durante ese tiempo enfrenté presiones constantes y amenazas que ponían en duda la legalidad de mi protesta. Finalmente, la falta de ingresos y la necesidad de sobrevivir me obligaron a regresar al trabajo intermitentemente, a pesar de mis esfuerzos por mantener mi protesta. 

En paralelo, en abril de 2022, mi salud se deterioró gravemente. Comencé a sufrir dolores intensos y mareos que me llevaron a estar de baja y, durante meses, prácticamente encamado. En medio de esta crisis, la administración me prohibió continuar con mi protesta, lo que me llevó a buscar ayuda en un sindicato y a presentar una denuncia ante los tribunales. Aunque gané el juicio que reconocía mi derecho a huelga, la compensación de 600 euros fue claramente insuficiente para cubrir los daños sufridos y la interrupción de mi protesta. 

Y así llegamos a la situación de la actualidad, tal y como predije sucedería ya en el año 2021 y denuncié públicamente aquí, en Osoigo, en 2022. ¡Pero ya estamos en octubre 2024!  A lo largo de estos años, he visto cómo la administración pública continúa perpetuando el fraude y la temporalidad en el empleo, eludiendo cualquier tipo de sanción efectiva. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado mi postura y ha señalado que la Ley 20/21 incumple la directiva europea, mi situación laboral no ha cambiado. La administración parece ignorar las recomendaciones del TJUE sobre la necesidad de reformas, mientras los sindicatos y el sistema judicial también permanecen inactivos ante el incumplimiento de los derechos laborales. 

Debido a todo ello, también continuamos inmersos en estos procesos interminables y arbitrarios de desestabilización, que llevan años haciéndonos sentir con la guillotina en el cuello ya que, en realidad, suponen una vía de eliminación de nuestra relación laboral sin compensar ni sancionar debidamente el abuso que denunciamos. Por tanto, yo, en mi caso personal, sigo siendo un trabajador temporal, bajo la figura de "indefinido no fijo", sin derechos laborales plenos y con una continua inestabilidad laboral.  

A pesar de las irregularidades, en otro intento de defender mis derechos,  decidí unirme a la Asociación de Empleados Públicos en Abuso, donde compartimos nuestras experiencias y luchamos colectivamente contra estas injusticias. Hemos presentado varias denuncias a la Comisión Europea por la incorrecta transposición de la directiva 1999/70/CE en el sector público español. Sin embargo, a pesar de los reconocimientos de irregularidades, seguimos sin recibir una solución efectiva. 


El abuso de temporalidad en el sector público afecta no solo a mí, sino a miles de empleados que, como yo, viven en una situación de inestabilidad. La calidad del servicio público también se ve comprometida, ya que muchos trabajadores están en condiciones precarias, lo que a su vez afecta a la atención que reciben los ciudadanos. Es alarmante que, en muchas instituciones, el porcentaje de empleados temporales supere el 75%. 

A lo largo de estos años, me he presentado a todos y cada uno de los procesos convocados por la administración para acceder a la condición de fijo, pero los resultados han sido decepcionantes. He aprobado con buenas notas, pero las convocatorias son tan limitadas que la posibilidad de acceder a un empleo fijo se convierte en una misión casi imposible. Es frustrante que se utilicen empleados temporales durante décadas para cubrir necesidades estructurales, y al mismo tiempo se niegue la estabilidad a quienes hemos cumplido con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. 

La lucha por nuestros derechos laborales es agotadora, y muchos de nosotros estamos sufriendo graves consecuencias en nuestra salud física y mental. Por tanto, esperamos que, de una vez por todas, y de manera inmediata, las instituciones nacionales responsables den solución a este abuso que afecta a más de un millón de personas empleadas públicas de España. 

Desde la Asociación EPA, seguimos trabajando y exigiendo que la Comisión Europea actúe conforme a lo prometido, para garantizar que todos los trabajadores públicos en España cuenten con los mismos derechos que sus colegas europeos. 

No puedo rendirme. La lucha continúa, y espero que, finalmente, se respeten nuestros derechos y se ponga fin a esta situación de abuso que ha perdurado durante demasiado tiempo.  

Pido desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. ¡Gracias a todos!