La administración educativa valenciana obliga a la Fundación del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer a escolarizar un menor de familia normalizada en el centro concertado, mientras mantiene a 12 menores beneficiarios internos (menores con problemas familiares, sociales y económicos) escolarizados en el CEIP de la localidad de San Antonio de Benagéber. Y aunque los correspondientes funcionarios públicos puedan justificarse personalmente en el cumplimiento de las normas y las leyes, su manera de proceder ocasiona un agravio comparativo, fuera de toda justicia social y sentido común, provocando que estos 12 menores en situaciones familiares, económicas y sociales desfavorables, no puedan gozar de los beneficios que esta fundación les ofrece, y que 32 compañeros residentes internos (sólo en primaria, en ESO hay otros 35) sí que reciben, pero que a ellos, la administración educativa que "rescata personas", les niega.

Sin embargo, un menor sobrevenido a la localidad, con familia plenamente normalizada, que no ha participado en el proceso ordinario de admisión de alumnos en el que otros no han sido admitidos, sí que recibe el apoyo de la administración educativa, no sólo para ocupar una plaza escolar (plaza 26 en un aula que nada más tiene concertadas 25) en la fundación, sino que además esa plaza escolar impedirá ulteriores aumentos de ratio (como ha estado sucediendo en los últimos 3 años) que permitan a beneficiarios internos de la fundación gozar de la ayuda que requieren.