Hola, me llamo Conchi, vivo en A Coruña y tengo un hijo, Dani, de 18 años y que padece parálisis cerebral. Dani entra dentro de lo que se llama grupo de grandes dependientes, es decir, aquellas personas que, por tener un alto grado de discapacidad, necesitan la constante compañía de una persona a su lado para poder realizar sus funciones diarias.

Por su situación, Dani, que tiene más de un 90% de discapacidad, tiene ciertas necesidades añadidas. El niño necesita unas terapias: fisioterapia, logopeda, terapias alternativas… Necesidades que la seguridad social financia, o dice financiar, porque se hace cargo de una ínfima parte de los gastos. Lo que la seguridad social aporta, tanto a nivel económico como en lo que respecta a estos recursos, es insuficiente para las personas en situaciones como la de Dani.

En lo que a mí respecta, como madre, he hecho lo posible por suplir las carencias de la seguridad social: he llegado a gastarme 600 euros al mes para llevar al niño a fisioterapia, le he llevado a hipoterapia, a la piscina…. Le llevé a Rusia para operarle e incluso fuimos a Pamplona para que recibiera un tratamiento de fisioterapia intensivo de un mes que costaba 6.000 euros, más los gastos añadidos que conlleva. En definitiva, como madre he hecho todo lo posible por darle a mi hijo la mejor calidad de vida.

Nosotros antes teníamos derecho a un mínimo económico, pero ahora no nos dan nada. Sin embargo, lo peor es que, cuando Dani ha sido menor de edad pude disfrutar de una reducción de jornada que me permitía centrarme más en sus necesidades, reducción que ha desaparecido con su mayoría de edad. 

Lanzo al gobierno una pequeña reflexión: ¿creen ustedes que los grandes dependientes van a dejar de necesitar de un cuidador a su lado 24 horas por el hecho de ser mayores de edad? La respuesta, claramente, es no. Por eso pido, políticos del Congreso de los Diputados, que tengan en cuenta las necesidades de este colectivo, que destinen más fondos a las ayudas que conceden a los grandes dependientes y que, sobre todo, amplíen de forma indefinida la reducción de jornada para los tutores legales de las personas en esta situación.