En Dekosocial, en uno de nuestros programas, trabajamos con personas de entre 16 a 23 años para facilitarles el acceso al mercado laboral con diferentes tipos de actividades de adquisición de competencias técnicas, realizamos muebles reciclados para fomentar la inclusión socio-laboral. Muchos/as de los/las jóvenes que participan en nuestro programa necesitan facilidades y ayuda para poder crear un proyecto de vida digna. 

Muchos/as jóvenes que acuden a nuestro programa son extutelados, están en situación de calle y necesitamos facilitarles el acceso a la vivienda. Sin ir más lejos, la semana pasada un joven migrante de 20 años, que estuvo tutelado por Diputación de Bizkaia, falleció en un contenedor en Bilbo, cuyo cadáver apareció este martes en la planta de Zabalgarbi. Muchos/as están en situación administrativa irregular, y puesto que pernoctar en la calle está prohibido, se encuentran en la situación desesperada de tener que esconderse en determinados lugares (como en un contenedor). Si se facilitara el acceso a una vivienda digna, se evitarían estas situaciones.

Pasan de estar tutelados, en pisos de menores con su cuidado y atención, a dejar de estar protegidos de un día para otro, y tienen que sobrevivir como pueden. En los albergues existe una lista de espera muy larga (7-8 meses), no son lugares muy agradables para vivir, tienen que convivir con muchas personas, con horarios e higiene muy estrictos, no pueden faltar… Son personas jóvenes que pueden reconducir y encaminar su vida, si se implantan programas de prevención y vemos que cuando la necesidad básica de tener acceso a una vivienda está cubierta, el itinerario es más fácil. 

Con esta petición nos dirigimos a los/las políticos/as del Parlamento Vasco. La vivienda digna es un derecho constitucional y la base necesaria que permite construir la vida. 

Necesitamos que se dote de mayor presupuesto a las entidades que gestionan las viviendas, para poder ampliar este tipo de recursos. Además, en nuestra comunidad autónoma vemos que existe gran cantidad de viviendas vacías (incluso las viviendas que pertenecen a los bancos), pero también reticencias de los/las propietarios/as de alquilarlas a las personas migrantes, por miedo a no recibir el dinero del arrendamiento. Por ello, proponemos que exista un mecanismo público, de tal manera que el propietario reciba el dinero del arrendamiento así como un seguro de responsabilidad civil por parte de las instituciones (tendrá así asegurado el importe de cada més) y se amplíen así la cantidad de casas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.