Nuestro país tiene un serio problema con el mercado inmobiliario, el cual, a su vez, funciona como catalizador de otra cascada de problemas que comprometen el futuro de la nación. El más flagrante de ellos es el de la renta disponible… El trabajo se concentra en las ciudades y la gente tiene la mala costumbre de querer vivir cerca de donde trabaja. 

La falta de industria e iniciativa empresarial ha hecho que, históricamente en el país, se vea el ladrillo como el único valor refugio seguro para la inversión y, esto a su vez, ha desencadenado la ilógica situación de que un activo que se deprecia año a año (las casas envejecen, sufren daños estructurales y acaban, con el tiempo, por caerse), no haga sino subir. Además, se da el caso de que, en España, sea más caro comprar una vivienda en ciudades medianas como Valladolid o Granada que, por ejemplo, en Antony, una ciudad francesa con todos los servicios y cercanías (RER) a una megaurbe como París. Y esto no deja de ser una comparación tramposa, pues a Antony deberíamos compararla con una ciudad como Getafe. 

Los diferentes Gobiernos que ha tenido el país, no han hecho nada por revertir la situación y, de hecho, algunos incluso la han agravado llevando al país a una situación demencial en la que los jóvenes deben quedarse, retrasar su independencia bastante para lograr hacer frente a una entrada. El actual Gobierno ha lanzado algunas medidas que cuentan con más buena intención que efecto y que, lejos de solventar el problema, sufragan la especulación inmobiliaria con fondos públicos. Es por eso por lo que urge una solución efectiva para atajar el que, a mi juicio, es el principal lastre del país.

Las propuestas que puedan hacerse deben ir acompañadas de la construcción de un importante parque público de viviendas y un ambicioso plan de reindustrialización en las regiones de España con más carencias en este sentido. Y, es más, pueden incluso aprovecharse en favor de la sociedad los nocivos mantras neoliberales con los que nos han bombardeado estos años. 

En primer lugar, podría toparse el mercado de alquiler ya disponible adaptando el sistema de calificación crediticia en función de las rentas medianas por sectores. El alquiler, no debería ser superior al 30% de los ingresos medianas por sectores (barrios en el caso de las ciudades o renta mediana municipal en el caso de municipios pequeños) y, en función a esto, debería publicarse con cada oferta inmobiliaria de alquiler, un sistema de calificación basado en ingresos: 

• En mercado. Cumple con el requisito de ser <30% de los ingresos medianos del sector.
• Ligeramente fuera de mercado. Está en el rango del 30-35% de los ingresos medianos del sector.
• Fuera de mercado. Es superior a los ingresos medianos del sector y, por tanto, es una oferta de mala calidad.

De la misma forma, con otros baremos, podría hacerse con el mercado inmobiliario de compraventa; por ejemplo, tomando como referencia el tiempo en el que una familia promedio podría pagar la casa. Si es más de 15 años, debe estar fuera de mercado y ser una oferta de mala calidad. 

En segundo lugar, la construcción de vivienda pública podría tener aparejado el sistema de mochila austríaca, con el que tanto han insistido, con el objetivo final de hacer gratis el despido en un país con una tasa de paro impropia de un país europeo y que, sólo tendría como consecuencia, la devaluación de los salarios a medio plazo. El acceso a la vivienda pública a través de un alquiler social, debería llevar aparejado el depósito del mismo en una cuenta que uno llevaría aparejada en caso de mudanza. Por ejemplo, si al Estado le ha costado 60.000 € construir una vivienda en Málaga, pero el inquilino, que ha pagado 200€ de alquiler social durante 10 años, debe mudarse a San Sebastián por trabajo y, allí hay disponible una vivienda que ha costado 80.000 €, el inquilino ya habría pagado 24.000 € y, si permanece 24 años allí, tendría la vivienda en propiedad. No está nada mal pagar una vivienda en 34 años sin entrada, habida cuenta de que actualmente hay personas que se dejan la mitad del sueldo por viviendas de mala calidad que no son suyas hasta pasados 60 años.

Por todo esto quiero dirigirme a los miembros del Senado. A mi modo de ver, estas dos propuestas tendrían como efecto la racionalización del mercado de la vivienda y el aumento de la renta disponible del país, que los ciudadanos podrían reutilizar en generar riqueza aumentando el consumo, en lugar de dejar gran parte de su sueldo en un derecho básico como es vivir bajo techo.