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Soy Pablo A. Barredo. Soy Presidente de la 'Fundación Diario De Un Cuidador'. Desde el inicio del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, las residencias están informando diariamente al Gobierno de España y a las autoridades de sus comunidades autónomas, sobre sus datos y situación. Y estas, a su vez, vuelcan al Ministerio de Sanidad cada martes y cada viernes dicha información. Una información que no está siendo facilitada por parte del Gobierno a la ciudadanía. El Ministerio de Sanidad es el único ente que tiene todas las cifras relacionadas con las residencias de la tercera edad a nivel nacional. Pero no las desvela.

En la Cadena Ser, durante los primeros diez días del mes de Mayo, han podido hacer un estudio y han podido hablar con autoridades de todas las comunidades autónomas, excepto 4: País Vasco, Andalucía, La Rioja y Aragón. Informan que hay más de 17.500 personas muertas con COVID-19 o con síntomas compatibles en las residencias y geriátricos. Desde las residencias aseguran haberse visto abandonados desde el inicio de todo esto. Los centros han estado llamando a los hospitales de referencia, pero resultó imposible hacer las derivaciones hospitalarias. Ante esta negativa, se solicitó que se facilitara medicación adecuada para poder atender a los afectados, pero en lugar de recibir retrovirales o hidroxicloroquina, medicación para la malaria que está sirviendo para tratamientos por COVID-19. En su lugar, recibieron medicación para sedación y morfina en altas cantidades.

La medicación ha ido cambiando conforme el criterio de médicos, investigadores y estudiosos iban conociendo más la enfermedad, por parte de las residencias se ha ido demandando aquellos medicamentos que se sabía, estaban funcionando. Y desde determinadas áreas de Sanidad no les han terminado de facilitar. Las personas ancianas son personas de alto riesgo y sin la medicación y medios adecuados la mortandad se ha disparado. Cuando una persona enferma, lo más normal es poder ser atendido desde los centro sanitarios y hospitales. Si alguien tiene una enfermedad, se deriva a los hospitales por urgencias para poder ser atendidos, es allí donde deben ser tratados y si por desgracia no puede salir adelante, esa persona fallece en el hospital. No es normal que las personas mueran en sus casas o en los centros residenciales. La gran mayoría de los fallecimientos de los ancianos relacionados con el COVID-19, son y serán en las residencias y geriátricos. 

 Desde la Patronal de las Residencias aseguran que estas cifras de 17.500 muertos en los centros de día y las residencias sí podría ser posible. Recientemente han lanzado una nota de prensa poniendo en relieve que en las residencias no están recibiendo test suficientes. Por lo que es imposible realizar un mapeo y una radiografía del estado de la situación y el número concreto de personas afectadas en estos centros, unos de los lugares más afectados y vulnerables ante esta crisis. Es necesario y urgente arbitrar medidas e implementarlas para proteger a  la población más vulnerable y la población más vulnerable es la que está en las residencias, porque son personas mayores y en un alto porcentaje muy dependientes. Actualmente se están realizando test a las personas sintomáticas, después de 9 semanas desde el inicio del Estado de Alarma hay muchas otras personas que no son sintomáticas. Son asintomáticas. No sólo habría que hacer test a todos los residentes, sino habría sumar el personal de las propias residencias. Estas pruebas se deberían realizar en el mismo momento para poder realizar una visión real del estado de cada centro. Cuando hablamos de hacer los tests sería conveniente resaltar que al no haber una vacuna disponible todavía, y ante cualquier rebrote ante el que nos podamos encontrar en los meses venideros, es importante tener a nuestros ancianos protegidos y preparados.

Por otro lado están los equipos y equipación de protección individual  del personal que trabaja en estos centros. Que afortunadamente ahora disponen. Material que es necesario que se refuerce y se siga recibiendo porque desde el momento que las personas mayores que actualmente están en sus hogares salgan a dar sus paseos, van a necesitar equipo de protección adecuado para poder realizar estos desplazamientos de manera segura. En cuanto a las personas de las residencias, muchos de ellos y ellas están confinados en sus propias habitaciones. Las personas mayores tienen una masa muscular muy débil y necesitan poder dar paseos, deambular para poder fortalecer y mantener esa musculatura, por eso necesitan moverse. Son personas que necesitan socializar, como todo el mundo. Pero al  ser personas mayormente dependientes son especialmente sensibles. 

A todo esto hay que sumar que las residencias están siendo señaladas como las responsables y culpables de toda esta situación y de la cantidad de personas que han perdido la vida desde el comienzo de esta pandemia. Desde la patronal, se asegura que todo esto es por un mal estado del sistema de salud, por no tener medios y capacidad de poder abordar tal número de contagios. La sanidad estaba colapsada y no tenía capacidad de poder atender adecuadamente tantos casos. Los centros de día, están equipados con médicos, enfermeros y enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales… pero no tienen la capacidad, ni la potestad de atender a las personas afectadas por este virus. Tienen que ser derivados a los centros sanitarios y hospitales para poder ser atendidos como deben. 

Por lo que podemos ver una corresponsabilidad de toda esta situación. Por un lado, la responsabilidad de las propias residencias, tanto públicas, privadas y concertadas. Tanto de los grandes grupos y corporaciones que gestionan un alto porcentaje de las residencias como Orpea, Domus y otros grandes grupos gestores de las residencias. Estos grandes grupos tienen el suficiente músculo económico como para poder reforzar el equipo médico, de limpieza y desinfección. Podrían haber adelantado de manera privada ese refuerzo tanto del equipo humano, como del equipamiento del propio personal. La capacidad de protegerse ante una crisis como esta, no es la misma la de aquellas residencias públicas, dependientes de cada comunidad. Que aquellas pertenecientes a estos grandes grupos. No debe ser excusa para obviar la responsabilidad de estos grandes grupos residenciales. 

En segundo lugar, está la responsabilidad de cada gobierno autonómico, y en consecuencia del gobierno nacional. Las residencias son competencia de las comunidades autónomas: tanto públicas como privadas. En concreto una de las comunidades más afectadas por todo esto es la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha caracterizado por un excelente gestión durante la pandemia del COVID-19: la dieta destinada a los niños con la beca de comedor, anteponiendo los intereses  económicos a la propia salud de sus conciudadanos, haciendo comparecencias públicas y ante los medios desafortunadas y dimisiones de sus responsables en materia de Sanidad… El 19 de marzo, la situación de las residencias de Madrid era tan crítica que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado –ambos de Ciudadanos–, pidieron ayuda al Ejército. Ayuso por contra aseguraba que  “Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad”, decía ese mismo día la presidenta de Madrid. El Ejército finalmente entró en las residencias, a pesar de Ayuso. Y el 26 de marzo, la consejería de Reyero difundió un informe detallando el número de ancianos muertos en los geriátricos –1.065 en ese momento–. Esa misma noche, Ayuso le quitó las competencias sobre las residencias al consejero de Ciudadanos para dárselas al consejero de Sanidad, de su partido. 

El lunes, 11 de mayo, he ratificado en persona la denuncia y mi testimonio ante la unidad de la policía nacional adscrita a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid en calidad de testigo. La denuncia fue presentada el pasado 18 de abril ante la Justicia por parte del Defensor del Paciente por lo sucedido en la residencia de mayores de Orpea Sanchinarro. Tanto trabajadores de Orpea Sanchinarro me han pedido que lo haga público. He denunciado ante la Comunidad de Madrid directamente vía mensaje privado de twitter a Isabel Díaz Ayuso. También ante el Ayuntamiento. La secretaria de Almeida me hizo saber que lo derivarían al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de manera urgente. Y no han hecho NADA. De ahí que me pusiera en contacto con Defensor del Paciente y ellos denunciaran ante la Fiscalía. También lo hice en medios de comunicación como Telemadrid donde fui entrevistado. La Comunidad dice que me contestaron vía mensaje privado de twitter ese mismo 31 de marzo en uno de los artículo de prensa. Todo es falso. La Comunidad es cómplice también. Ya me decían varios conocidos que Orpea tiene mucho poder en la CAM. 

Por todo ello lanzamos esta campaña dirigida al Congreso de los Diputados, para que se regulen los centros de día, residencias y geriátricos, públicos, privados y concertados de manera urgente. Al igual que ocurre con los centros y colegios de educación infantil, las residencias han de estar adecuadamente reguladas para mejorar su correcto funcionamiento. Nuestros mayores deben estar protegidos y blindados por Ley y por la legislación, a nivel nacional. Aunque las residencias sean competencia de cada comunidad autónoma. Os agradecemos el apoyo y difusión de esta campaña. ¡Muchísimas gracias por vuestro apoyo!