Somos la Fundación Natalia Ponce de León. Nacimos en 2015, como reacción al ataque que sufrió nuestra presidenta , Natalia, quien fue víctima de quemaduras en su rostro y parte de su cuerpo ocasionadas por un químico que le arrojó un hombre, el 27 de marzo de 2014. Somos una entidad sin ánimo de lucro que lucha por defender y promover los Derechos Humanos de las personas sobrevivientes a este tipo de ataques en Colombia. También buscamos prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres y niñas, desde un enfoque de Derechos Humanos y de género. 
 

En nuestro país ha habido logros importantes en cuanto a la creación de medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de crímenes con agentes químicos. Sin embargo, pese a todos los avances en términos legislativos, todavía no hay un control efectivo que haga cumplir la normativa. Eso impide que las víctimas de esta clase de violencia tengan acceso a una atención integral.  Es necesario que las autoridades ejerzan efectivamente el control sobre la fabricación, venta y tenencia de las sustancias con las que se pueden cometer este tipo de ataques, y que se haga el respectivo acompañamiento a las víctimas, con la toma de pruebas y la generación de reportes, que den paso a la justicia. 

Lee también: En los Montes de María muchas mujeres padecieron violaciones y agresiones físicas permanentes. Hoy son un ejemplo de una nueva vida, del empoderamiento femenino.

Es importante hacer un seguimiento para garantizar el cumplimiento de la ruta de atención para todas las víctimas de estas agresiones, incluyendo las zonas rurales de nuestro país. De esa manera se podrá asegurar que todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Entidades Territoriales, a través de su red prestadora de salud, brinden el acceso prioritario a servicios de urgencias y a tratamientos médicos y psicológicos. Estos procedimientos e intervenciones son necesarias para restituir la fisionomía de las partes afectadas, sin copagos o cuotas moderadoras. Es necesario que se revisen las negligencias administrativas que ponen en riesgo la salud, la integridad y la vida de las personas agredidas con químicos. 

Los ataques con agentes químicos son un mecanismo de tortura que sigue siendo recurrente en nuestro país. Sus víctimas son en su mayoría mujeres. Esta manifestación de violencia de género debe recibir la atención que merece. Es necesario que se creen y respalden los programas que ya existen para permitir a la ciudadanía conocer sus derechos y tener información adecuada que sensibilice y resuelva las dudas sobre la legislación para acabar con la impunidad que hay en estos casos. 

Por eso lanzamos esta campaña: pedimos al Congreso de la República de Colombia respaldo para que se cumpla la Ley 1773 del 6 de enero de 2016, también conocida como la ‘Ley Natalia Ponce de León’, que logró tipificar como delito la agresión con agentes químicos en Colombia. Esa ley también planteó el endurecimiento de las sanciones y la eliminación de beneficios para los agresores, además de la obligación que tiene el Estado de expedir una política pública de atención médica y psicológica integral para las víctimas.   

Pedimos que haya seguimiento para garantizar el cumplimiento de la Ley 1639 y del decreto 1033, que impulsó la creación de una ruta de atención integral para las víctimas, mediante la cual se les informa y orienta acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuentan. Allí se indican los medios judiciales, administrativos y de atención en salud, así como los mecanismos tendientes a proporcionar ocupación laboral, según el caso. Y también que haya seguimiento de la circular 008 de 2017, que imparte las instrucciones para que las EAPB y las IPS implementen las Rutas de Atención Integral para las víctimas de ataques con ácido, álcalis o sustancias similares. 

Pedimos que se creen campañas que permita a la ciudadanía conocer los derechos que tiene en caso de ser víctima de ataques de este tipo y que permitan a las personas afectadas vencer el miedo a denunciar a sus agresores. Es urgente que se capacite debidamente al personal de las entidades competentes para que puedan sensibilizarse y entender la magnitud de lo que significan estas agresiones para, de esta manera, no dar más paso a la impunidad. 

Apoyarnos es muy sencillo: en Colombia necesitamos 350 firmas para que la petición sea presentada a los políticos del Congreso y nos den una respuesta. Ayúdanos a compartir este testimonio para que se haga visible y juntos logremos que estos avances legislativos se cumplan y podamos proteger a todas las víctimas.  

¿Contamos con tu apoyo?