Sin duda, uno de los asuntos esenciales, motivo de preocupación para UPyD desde su propia fundación como partido político y tema al que dedicamos una de nuestras primeras iniciativas parlamentarias, cuando allá por el verano de 2009 pedimos en el Parlamento Vasco que toda la vivienda pública fuera en alquiler, que se eliminaran los sorteos y que fuera preferentemente destinada a los ciudadanos con menos recursos y más dificultades. Entonces, el Gobierno socialista de Patxi López nos dijo que tal cosa era imposible, a lo que nosotros respondimos que el gobierno tenía una visión exclusivamente mercantilista de la política de vivienda.

Tras aquella iniciativa, seguimos insistiendo sobre la cuestión, siendo el único grupo de la Cámara vasca que insistía en defender permanentemente que la vivienda pública debía ser exclusivamente en alquiler y que debía suprimirse la vivienda protegida en propiedad. Seis años después, ese objetivo lo hemos logrado y, gracias al voto de UPyD, todos los recursos públicos en materia de vivienda se dedicarán a la regeneración de vivienda o al alquiler, se garantizará el derecho subjetivo a una vivienda digna (haciendo real lo que viene escrito en la propia Constitución española) y se tomarán medidas progresistas para evitar el drama de los desahucios que tanto dolor han causado a tantas personas durante los últimos años. Aunque, en este asunto, la clave es modificar la ley hipotecaria y aprobar una Ley de segunda oportunidad (del tipo que defendió nuestro diputado nacional Carlos M Gorriarán allá por 2012), logramos que el Gobierno deba garantizar que nadie en grave riesgo de exclusión social se quede en la calle.

Obviamente, la vivienda pública debe adecuarse a las necesidades de los ciudadanos (miembros de la unidad familiar, edad) así como a sus ingresos. Esta vivienda debe dedicarse en cada momento a quien realmente la necesita, evitando situaciones injustas como las conocidas durante años, como que haya quien le toque un piso para toda la vida independientemente de que su sueldo se incrementara después exponencialmente. Hay gobiernos que señalan que tales propósitos suponen destinar mucho dinero público... obviando el inmenso gasto superfluo que a día de hoy se mantiene (empresas públicas innecesarias, enchufes, amiguismo, administración elefantiásica, obras faraónicas, fraude fiscal...). Son simples excusas baratas:  se trata de destinar los recursos públicos a lo verdaderamente importante, es decir, a atender las necesidades reales de la gente, Sanidad, Educación, Prestaciones Sociales, Dependencia o Vivienda.

Estas son algunas de las cuestiones que hemos venido defendiendo.