UPyD en Galicia denuncia que la Xunta convocó un concurso de traslados de docentes modificando los criterios de baremación tradicionales, alegando la necesidad de cumplir una Directiva Europea, a pesar de que sabía que ésta no se podía emplear en este caso.

La invocación de la Directiva 1999/70 por parte de la Xunta carecía de razón de ser, ya que la misma no podía ser aplicada. Así lo resolvió el 20 de febrero de 2009 la Comisión Europea, como respuesta a una petición de la UESTA (Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía) para la aplicación de la misma. Resulta sorprendente, además, que la Xunta mantenga esta baremación después de que la resolución del Tribunal Supremo con fecha del 9 de junio de 2014 desestimase una demanda de la Plataforma de interinos y docentes de Extremadura que pretendía aplicar dicha Directiva,

José Antonio de Lorenzo, coordinador territorial de UPyD en Galicia, considera que la Consellería “trata de engañar a los docentes al invocar una normativa europea de forma fraudulenta” con el objetivo de “justificar una modificación en los baremos del concurso de traslados”, que “sólo la Xunta sabe a quién beneficia”.

Pese a que la sentencia del contencioso administrativo número 2 de Santiago establecía que se tendría que cambiar la puntuación del concurso, la Xunta el 31 de julio emitió un comunicado en el que informaba a los funcionarios de que tenían que tomar posesión de los destinos, que habían sido adjudicados en la resolución del pasado 1 de abril de 2014. Al no incluir la Xunta la palabra provisional del carácter de la resolución en dicho escrito, se entiende que ésta se va a aplicar el curso 2014-15, independientemente de la sentencia judicial. Al mismo tiempo que amenaza con no convocar ninguna plaza para el concurso de traslados del curso 2015-16, evitando así el cumplimiento del Real Decreto que rige los traslados de funcionarios. Conducta muy próxima a la prevaricación.

“Parece que el señor Feijóo quiere seguir la estela de Baltar Pumar convirtiendo la Consellería de Educación en una empresa privada que no tenga que estar sujeta a la ley de la función pública”, indica De Lorenzo.