Kaixo Arantza!

Las declaraciones del alcalde sólo pretenden esconder su evidente estado de nerviosismo ante las malas perspectivas electorales para su partido. Maroto y el Partido Popular saben que en estos momentos tienen muy poca credibilidad entre la ciudadanía porque no han sido capaces dar respuesta al problema de la crisis económica y las 22.000 personas sin trabajo en Vitoria-Gasteiz. El PP no ha cumplido ninguna de las medidas que iba a poner en marcha desde el Gobierno del Estado, la Diputación y el Ayuntamiento para dar respuesta a esta situación.

Como gestor, Maroto no convence. Las principales inversiones que se han llevado a cabo en la ciudad han sido gracias al Gobierno Vasco. El alcalde no ha logrado prácticamente nada de sus compañeros en Madrid. Sus mayores intereses en estos años han sido la autopromoción y el despilfarro en cuestiones que no son prioritarias.

Además, por último, los casos de fraude y corrupción asolan al Partido Popular, con el desgaste político que ello supone. El PP debería primero controlar el fraude y la corrupción en su propio partido antes de plantear medidas de fraude en las ayudas sociales.

Maroto busca a la desesperada un argumento que le permita desviar la atención de la ciudadanía y cree haberlo encontrado alentando la polémica en torno a las ayudas sociales. Sabe que no tiene otro asidero que el de utilizar un discurso muy peligroso, que puede generar fractura social y que socava el bienestar social, sin importarle las consecuencias.

Vitoria-Gasteiz siempre ha sido una ciudad abierta y solidaria en la que la cohesión social ha sido un elemento de identidad. La imagen que el PP está transmitiendo de la ciudad en los últimos meses no es la real. Lo que está planteando el alcalde, apoyándose en casos aislados, no es una lucha contra el fraude. Yo estoy en contra del fraude en cualquiera de sus manifestaciones, también el que se produce en las ayudas sociales. Tolerancia cero al fraudulento y al corrupto. Pero Maroto, apoyándose en casos minoritarios de fraude, lo que está planteando es un recorte de  derechos en toda regla. Eso es crear ciudadanos de primera y de segunda y dar carta de naturaleza a una situación en la que muchas personas, no solo inmigrantes, sino también jóvenes en búsqueda del primer empleo, amas de casa que no han cotizado a la Seguridad Social o personas nacidas en otras comunidades que llevan menos de diez años en Euskadi quedarían fuera del sistema en caso de necesitarlo.

La política tiene que garantizar el bienestar de toda la ciudadanía sin excepciones. La política, a fin de cuentas, está para resolver problemas, no para generarlos.