Soy Helena y llevo nueve años intentando defender a mi hija de presuntos abusos sexuales y prostitución por parte de su padre. Más de 15 juzgados nos han desestimado la protección, utilizando amenazas e insultos y haciendo creer que estoy loca. Todo esto a pesar de las lesiones en los genitales de la niña y de los correspondientes informes médicos que descartan un posible origen clínico de los mismos. Además de un informe forense que afirma que dichas lesiones son “mecánicas y debidas a la introducción de objetos”.

Esta pesadilla comenzó cuando mi hija era aún muy pequeña. Con 14 meses empezamos a sospechar de los abusos ya que la niña intentaba meter objetos dentro de su vagina. Varios profesionales indicaron que esto no era normal en esas edades y que lo más adecuado era que me pusiera en contacto con algún centro especializado en la prevención del abuso sexual infantil. Fue entonces cuando acudí a servicios sociales y me mandaron a un Centro de Atención a la Infancia (CAI). En ese momento el padre de la niña acusaba a mi pareja de los abusos sexuales. Incluso llegó a decir que estaba enamorado de mi hija y que por eso estaba conmigo.

Durante los meses siguientes la niña continuó llevándose diferentes objetos a la zona vaginal y mostrando comportamientos cada vez más agresivos, junto con otros tipos de trastornos, lo que motivó que su pediatra la derivara a psicología. Cuando el padre se enteró de esto envió al juzgado un requerimiento para prohibir cualquier tipo de tratamiento psicológico provocando el empeoramiento de la niña. 

Aproximadamente a los dos años de edad, la niña empezó a quejarse de dolores en la zona genital. Ni siquiera permitía que le tocásemos para lavarla. Fue entonces cuando empezaron las visitas periódicas al pediatra y allí descartaron de que se tratase de causas fisiológicas y nos advirtieron del riesgo. Finalmente, la doctora se puso en contacto con el Juzgado de Guardia, enviándole un parte de lesiones en el que figura como Diagnóstico: SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL.

No me quedó otra que interponer una denuncia. Como respuesta, el padre de la niña interpuso una querella en mi contra en la que afirmaba que yo tenía problemas de salud mental graves y que me había inventado todo el asunto. Llegó a decirme que me iba a quitar a la niña porque soy una “hija de puta”. 

Finalmente, la única condenada he sido yo. La querella se puso en 2013 y pasamos a la fase de juicio oral en 2020, por lo que, se supone que ya tenía que haber prescrito. Además, en la fase de instrucción no se me permitieron aportar todas pruebas médicas que justificaban el abuso, (han sido muchas más pruebas las que me han sido denegadas).

También, me gustaría destacar que tanto el Hospital 12 de Octubre, como el Hospital La Paz, ambos de Madrid han solicitado órdenes de protección para mi hija y han sido desestimadas y archivadas en menos de 24 horas y sin ni siquiera haber llamado a los médicos correspondientes.

El padre, en privado, me ha llegado a reconocer los abusos sexuales.  Sin embargo, en la sentencia se afirma que “en ninguna de las diligencias reseñadas se observaron sospechas de abuso sexual a la menor, conforme a las diligencias de prueba practicadas.”

Ahora me veo obligada a pagar una cantidad desmesurada al presunto abusador de mi hija y cumplir nueve meses de cárcel. Pido ayuda y difusión para que mi caso y otros tantos no sigan sucediendo. Mi hija está en peligro, no quiere ir con su padre, la situación es desesperante. Me dirijo al Congreso de los Diputados para que den respuesta a mi caso. Necesitamos justicia y que deje de aplicarse en los juzgados el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).