Las personas se afilian a los partidos políticos voluntariamente. Nadie obliga a nadie a afiliarse a ningún  partido político. Siempre es voluntario. Y también es verdad que los partidos vertebran la sociedad democrática. Y a todos conviene que funcionen de manera adecuada y tengan una suficiente financiación.

Lo mejor sería que las cuotas de los afiliados subvinieran a todos sus gastos y, de hecho, tras años de democracia y adquiridos sus locales, los mayores gastos pueden ser de personal que con las ayudas oficiales podríamos decir que los partidos podrían vivir sin agobios.

Pero lo que desestabiliza las economías de los partidos son las elecciones; en este año 2015, municipales y generales. Fotografías, videos,  cuñas, pancartas, alquiler de locales, megafonía, creativos, caravanas, efectos especiales, papelería, programas, voluntarios temporales... y un sin fin de gastos que a pesar de ser las campañas tan cortas, quince días, lo son engañosamente.

Llevamos ya medio año de precampaña y lo peor es que los medios públicos como RTVE y las radios y televisiones de las Comunidades Autónomas, apenas dedican espacio a explicar los programas de los partidos ni a  promover debates. Y estos agujeros  presupuestarios originados por las millonarias campañas no hay economía basada en las cuotas de los afiliados que lo aguante.

Lo malo es que hemos tenido un Tribunal de Cuentas sin acceso a la Agencia Tributaria, y el responsable de la tesorería y de las campañas de los partidos no ha tenido que ir a las Cortes Generales a dar cuenta de en qué se ha gastado el dinero.

Afortunadamente se está reaccionando, aunque tarde y quizás insuficientemente, pero ya hay un acuerdo y el pleno del Congreso aprobó el miércoles 21 de enero una ley que espera su tramitación en el Senado, para llevar  a cabo una de las promesas hechas recientemente sobre el plan anticorrupción: la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos, que modifica las normas de financiación, endurece el control y reactiva el Tribunal de Cuentas.

En la ley orgánica que pronto aprobaremos, se incluye la prohibición de las donaciones a los partidos políticos de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, así como la prohibición de las condonaciones de deuda por entidades de crédito.

Se regula asimismo la gestión económica y financiera del partido, que deberá comparecer ante el Parlamento. También será obligatorio publicar las aportaciones de más de 25.000 euros que reciba una formación.

Veremos qué dan de sí estas medidas que ojalá se hubieran aprobado en 1977. La transición tan jaleada, como se ve, ha dejado muchísimo que desear. Transparencia, control y gente honesta son las fórmulas del éxito para que este putrefacto asunto deje de dar disgustos un día sí y al otro también.