Soy técnica de emergencias sanitarias en Castellón y hace unos días fui despedida por no atenerme a unas condiciones laborales totalmente desproporcionadas, injustas e ilegales. Los TES en Castellón, al igual que en otras zonas de España, nos encontramos con jornadas excesivas, falta de recursos y de personal, lo que nos imposibilita realizar correctamente nuestro trabajo y atender a las personas usuarias del servicio de ambulancia.

En mi caso, me encontraba con jornadas de más de 12 horas diarias, llegando a hacer unas 220 horas al mes, no voluntarias, sino impuestas por cuadrante. Esto, claramente no sólo me impedía descansar y conciliar en mi vida diaria, sino que además, hacía que mi rendimiento y motivación fuera cada vez más bajo, debido al agotamiento que me producía trabajar unas 56 horas semanales. Además, en algunos casos, tal es la exigencia que incluso vamos a trabajar en nuestros días libres. El problema está en que, desgraciadamente, esta situación está totalmente normalizada. No tenemos derecho a quejarnos o renegar de estas condiciones, ya que, finalmente terminamos saliendo perjudicados y teniendo que salir a buscar trabajo fuera de nuestra comunidad o provincia. 

Por otro lado, toda esta explotación y condiciones precarias afectan de primera mano a los servicios que ofrecemos y por tanto a la salud de los usuarios y pacientes. Existen situaciones en los que debido a la falta de personal tenemos a pacientes oncológicos o dializados esperando varias horas a que se les lleve al domicilio. Igualmente, el estado de los vehículos es en algunas ocasiones muy deficiente. Pero, lo más importante, es que si estamos obligados a trabajar ocho días seguidos con tan solo 24 horas de descanso con largas jornadas y muchos kilómetros de por medio, el cansancio y estrés que nos produce la situación nos impide estar en unas condiciones óptimas para trasladar y cuidar a las personas usuarias tanto del servicio de urgente como no urgente (ya que nuestro trabajo no es sólo conducir). Y esto, una vez más, pone en riesgo la salud de los pacientes y de nosotros mismos. 

A pesar de los convenios y licitaciones que aseguran y proporcionan recursos para la dotación de vehículos y contratación de personal, en la práctica no se cumplen estas condiciones y no existe un control que garantice que las empresas privadas estén destinando los recursos correctamente. 

Por ello, y con todo lo plasmado, quiero dirigir esta petición hacia las Cortes Valencianas para que sean conscientes de esta realidad y velen por los derechos de los técnicos de emergencias sanitarias. 

Ningún aspecto del servicio de atención médica sea cual sea, debería estar completamente en manos de empresas privadas, que finalmente escatiman y reducen en recursos y personal, basándose únicamente en ganar dinero. La situación tiene que cambiar, nos afecta a todos. 

Agradezco desde aquí el apoyo y difusión de esta campaña.