La tónica general este mes de agosto, a un mes para llegar al filo del abismo que es la incertidumbre, es la de padres, madres y familias enteras preocupadas por la vuelta a la educación presencial.

Al margen de las numerosas opiniones, tanto a favor como en contra de la vuelta a las aulas a todos los niveles educativos, la actuación del gobierno es un componte esencial para garantizar la seguridad de los alumnos en esta nueva etapa educativa marcada por la pandemia del virus Covid-19.

La incertidumbre ha dado paso al estupor, en cuanto a que, en muchos de los casos, son las comunidades autónomas y los centros educativos los que se han visto abocados a tomar las riendas de la situación, tomando medidas desiguales e incluso contraproducentes para las familias.

En mi caso, mi comunidad autónoma, Cantabria, no es de las más afectadas por el virus. Sin embargo, he decidido que mi pequeña, de dos añitos, no acuda este año al aula para niños de dos años, ya que, en el cole público al que acude, entre las medidas de protección frente a la Covid-19 se encuentra la de, en caso de que alguno de los niños presente fiebre, aislar a todas las familias hasta que se confirmen que las pruebas son negativas.

Aquellos padres que trabajamos, estudiamos, o cuidamos de nuestros mayores tendríamos que detener, de nuevo, nuestra vida por completo, y eso no puede volver a suceder. Además, en niños tan pequeños, el número de infectados por el virus que presenta síntomas es muy bajo. ¿Es, acaso, el control de temperatura una medida efectiva en esta situación?

Por favor, políticos del Congreso de los Diputados, debería ser el gobierno central el que tomara las riendas de la educación a nivel estatal este año, que se unificaran criterios y que se estudiaran medidas concretas en materia educativa para paliar la pandemia.

En este momento de gran incertidumbre se debería mirar, esencialmente, por los niños y por garantizarles, en este caso, además de una educación pública y de calidad, segura para ellos y sus familias.