NOTA DE PRENSA SOBRE LA TEMPORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Tanto las Plataformas PIA (plataforma interinos aragonesa) y PIAGG (plataforma de Interinos de Aragón de Administración General) que pertenecen a la Plataforma Nacional PI (Plataforma Nacional de Interinos):

Somos un movimiento no ideológico independiente de partidos políticos y sindicatos que agrupa a trabajadores temporales de las Administraciones Públicas cuyos derechos se están vulnerando constantemente. No nos sentimos representados por los sindicatos y queremos dejar muy claro que ellos no hablan en nombre de nuestro colectivo, siendo esta situación de desamparo en la defensa de nuestros derechos laborales, la razón fundamental de nuestra unión y existencia.

El Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido que los distintos Gobiernos nacionales y autonómicos vienen realizando durante años CONTRATOS EN FRAUDE DE LEY al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 1 y 5 de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, obligando a regularizar y estabilizar a estas personas.

No se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía por lo que ha dado lugar a un aumento del número de trabajadores temporales frente a fijos. Entre 600.000 y 900.000 trabajadores públicos interinos y temporales se encuentran en Fraude de Ley en España.

Ante la necesidad de regularizar esta alta tasa de interinidad y al amparo del Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo (actualmente recurrido), firmado por el Gobierno y los sindicatos (o mejor, academias de formación de opositores) UGT, CCOO y CSIF sin consultar a sus bases y a través de la habilitación del artículo 19 de los PGE de 2017 (y de los siguientes que se aprueben), pretenden convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante 3 años por personal temporal, es decir, aquellas plazas en situación irregular o fraudulenta, no reconociendo el fraude de ley y no asumiendo la responsabilidad por haber abusado de los trabajadores que han sido castigados por la temporalidad sin que se aprobaran las correspondientes convocatorias que les permitieran acceder a las plazas que ocupaban durante años (5, 10, 15, 20 y 25 años incluso). Esta actuación es, en la práctica, un ERE encubierto que pretende sustituir a unos trabajadores formados y con experiencia por otros más baratos y supone un ataque y una vulneración de los derechos más básicos de los trabajadores, como lo es su derecho a la estabilización.

Las leyes españolas obligan a que las plazas vacantes salgan a oposición en un plazo máximo de 2-3 años (Art. 70.1 del TREBEP), sin embargo las Administraciones Públicas han incumplido esas normas y únicamente han sacado a oposición un 10% de las mismas, con lo que el 90% de los opositores se veían injustamente fuera del cuerpo de funcionarios de carrera. Abocados a la temporalidad y a menores derechos laborales se han convertido en un “cuerpo paralelo de mano de obra barata” que cobraba menores salarios por realizar el mismo trabajo. La tasa de temporalidad de Sector Público alcanza el 30% de media Nacional cuando la Unión Europea la limita a un 5-8%.

En Zaragoza, su ayuntamiento tiene un gran número de interinos con alta tasa de antigüedad, según datos estimados de un total de 5.700 trabajadores, en los que se incluye bomberos con 300 y 1.000 en policía, cuenta con 700 trabajadores en condiciones de temporalidad ocupando plazas durante décadas.

En Aragón, los datos de temporalidad son abrumadores, dónde llama la atención la precariedad en la población femenina. Según el Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, la situación es la siguiente según los gráficos adjuntos.

Información obtenida de:

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/SectorPublico/EmpleoPublico/Boletin_personal_12_2017.pdf

En Aragón la temporalidad está rozando a diciembre de 2017 los 25.0000 trabajadores temporales, llegando al 46% del total de los empleados públicos de Aragón. Tasa del cual se pretende rebajar al 8% y donde la gran mayoría de estos trabajadores serán despedidos sin ningún tipo de indemnización después de estar 5-10-15 o 20 años trabajando para la Administración Aragonesa, en muchos casos sin posibilidad alguna de reincorporarse de nuevo al mercado laboral.

Además en septiembre de 2016 varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea evidenciaron que las leyes españolas no están adaptadas a la Directiva de trabajo temporal de la Unión Europea, cuando ésta debería cumplirse desde el año 2001. Así que 17 años después los políticos siguen sin cumplir con su obligación, sigue sin existir ninguna medida en el que sancione el abuso de contratos temporales en el Sector Público, como sí que existe en la contratación privada.

Por lo tanto, durante todo este período los distintos gobiernos no han cumplido ni las normas españolas (Estatuto Básico del Empleado Público) ni las europeas (Directiva 1999/70/UE).

En este contexto Gobierno y Sindicatos, CCOO, UGT y CSIF firmaron un “Acuerdazo” el 29 de marzo de 2017 para reducir la temporalidad, pero sorprendentemente no se parte de la realidad recién descrita, ni se contempla ningún tipo de beneficio para los trabajadores de los que se ha abusado en algunos casos por más de 30 años. Tampoco se contempla adaptar la normativa española a la europea. Sólo se acuerda que la temporalidad debe reducirse dando estabilidad a PLAZAS y no PERSONAS. Se aseguran la financiación de las centrales sindicales.

Por todo ello, nos preguntamos:

¿Cómo es posible que cualquier trabajador despedido en una empresa tenga derecho por ley a una indemnización por toda su vida laboral y un trabajador público no tenga este mismo derecho?

¿Se han parado a pensar Gobierno y Sindicatos de la cantidad de familias a las que van a dejar en la calle, muchos de ellos sin posibilidad alguna de volver a trabajar? ¿Qué ocurrirá con sus hijos e hijas, con padres y madres dependientes a su cargo? Quedarán abocados al desahucio y a la pobreza.

¿Podrá soportar el sistema público el pago de las indemnizaciones? En Aragón ya habrá juicios en enero de 2019 pidiendo fijeza que asegura las indemnizaciones.

¿Existe un plan de privatización para evitar precisamente el crack financiero de los despidos?

En consecuencia, exigimos:

1.- Que previamente a cualquier negociación se garantice la indemnización de oficio por toda la vida laboral a los empleados públicos temporales al igual que ocurre con los trabajadores de cualquier otra empresa, sin tener que iniciar un largo y costoso proceso judicial por cada uno de los ceses efectuando, perjudicando al propio trabajador y al resto de los ciudadanos con un gasto público que de esto se derivará.

2.- Que se paralicen todos los procesos de estabilidad de empleo público consistentes en convocar a oposición las plazas ocupadas y cualquier otra plaza que pueda afectar a la situación laboral de las personas afectadas, hasta que nuestra situación legal no quede completamente aclarada en los tribunales tanto españoles como europeos, ya que de no ser así, podrían incurrir en serias “responsabilidades patrimoniales” por el fraude de ley y por el maltrato que durante años y años se ha realizado. Podría causar duplicidad de plazas o procesos selectivos anulables.

3.- Que los Gobiernos Autonómicos, Partidos políticos y Sindicatos soliciten al Gobierno central que adapte la legislación de empleo público española a la Directiva 1999/70/UE, norma a la que estamos sometidos como miembros de la UE.

Esta es una situación de absoluto desamparo que puede convertirse en un problema social de primer orden. Un Estado Social como el nuestro, no debe permitir que trabajadores que vienen desempeñando su trabajo a plena satisfacción de su empleador, sean cesados y despedidos de esta manera, a veces son cesados el mismo día de presentarse a trabajar sin comunicación previa. Es inconcebible que España sea el único país europeo en el que los derechos laborales de sus empleados públicos son ya no inferiores, sino inexistentes en nuestro caso, en comparación con cualquier trabajador de una empresa privada.

Por último, dejamos la reflexión de si no habrá llegado el momento de revisar unos sistemas de acceso a la función pública que quedan muy bonitos en las leyes pero que se incumplen sistemáticamente por todas las Administraciones.