Asignando el 80 % de la INSPECCIÓN DE HACIENDA a las Grandes Empresas y Fortunas que suponen el 80 % del PIB, que supondría poder financiar las Políticas Sociales de RENTA BÁSICA, EDUCACIÓN, SANIDAD y JUSTICIA. Esto supone defender el INTERÉS GENERAL y no el de los PODERES ECONÓMICOS que no están controlados y que disfrutan de todo tipo de privilegios fiscales, entre ellos, la posibilidad de ser amnistiados fiscalmente, contrariamente a lo que ocurre con cualquier ciudadano que aun cumpliendo con sus obligaciones fiscales puede ser multado por cualquier error en su declaración; lo que creo que sería asumible, si se actuara por igual con los PODERES ECONÓMICOS que están, han estado y estarán en connivencia con los Poderes Políticos corruptos del Bipartidismo (PSOE y PP), apoyados por pactos con otros Partidos  igualmente corruptos.