Desde la sección sindical de LAB Tubacex-Aceralava estamos luchando porque ninguna empresa vuelva a vivir el conflicto que nosotros vivimos el año pasado. Estuvimos 236 días de huelga indefinida en las plantas de Euskadi por el despido de 129 personas a causa de un Ere justificado por la pandemia. 

Durante la huelga indefinida secundada por los 650 trabajadores, los ERE de TTI y Aceralava fueron llevados a los tribunales. En el mes de julio, el TSJPV dictaminó la anulidad del proceso y declaró nulos los 129 despidos. Por tanto, los trabajadores despedidos debían reincorporarse. Pero llegado este momento, la empresa dio de alta a los trabajadores y empezó a pagarles el sueldo, pero sin opción a reincorporarse. Tras continuadas negociaciones y mediaciones, el 4 de octubre, la mayoría del Comité firmó un acuerdo con la empresa. No fue hasta octubre cuando la empresa empezó a reincorporar a sus puestos a los trabajadores y se puso fin a la huelga indefinida.

Esta cuestión para nosotros es muy seria, porque pese a que los tribunales dictaminaron la nulidad del proceso, la empresa tuvo la libertad de no ejecutarlo. Hay un vació que nos repercute directamente a la clase trabajadora. Además, la empresa pudo presentar un proceso de ERE sin ser revisado anteriormente. Para ello se exige una documentación técnica, económica y fiscal de las razones por las cuales se solicita ese ERE, pero el proceso queda activado desde el momento que finaliza el periodo de consultas legalmente establecido. En nuestro caso, después de denunciarlo, los tribunales dictaminaron que las cuentas presentadas por la empresa no se correspondían con la realidad, si no que se habían maquillado para hacer ver que la empresa estaba económicamente peor y así poder justificar un proceso de despidos y reestructuración del grupo. No tiene sentido que primero se realicen los despidos, junto con las consecuencias negativas que eso tiene para los trabajadores, y después se revise lo que la empresa ha presentado. Es una cuestión muy lesiva para los trabajadores.

La empresa ITP-PCB se ha encontrado en un proceso parecido al nuestro, en el que recientemente el TS ha declarado nulo el ERE. Pero igual que en nuestro caso el gran impacto psicológico y personal que ha supuesto para los trabajadores todo este tiempo sigue ahí, el daño ya está hecho. Por eso queremos dirigirnos a los miembros del Parlamento Vasco. Si los tribunales dictaminan que un proceso es nulo, las empresas deberían tener la obligación de acatar esas sentencias. Además, tanto en los procesos de ERE como de ERTE, la revisión de la documentación entregada por las empresas debería ser antes de que se activen dichos procesos porque si no se seguirán dando casos de despidos injustificados. Es importante que por parte de las instituciones se mire por la clase trabajadora. Nadie debería tener vivir lo que desde Tubacex hemos tenido que pasar, por lo que es fundamental evitar que tengan lugar procesos similares y que la reforma laboral de Rajoy no facilite a las empresas herramientas para su ejecución.