Soy Luis y mi hijo Pablo, de ocho años, tiene parálisis cerebral, lo que se traduce en que el niño es un gran dependiente con muy poca capacidad motora y ligado continuamente a una silla adaptada. Además de la silla, mi hijo necesita recibir terapias y tratamientos continuos que tienen un coste de lo más elevado. Nosotros somos una familia media, con unos ingresos medios y cuya economía se ha visto damnificada por la crisis del Covid-19.

Los tratamientos de Pablo cuestan, de media, unos 3.000 euros al mes. Mientras, la ley de dependencia española nos concede 323 euros mensuales. A esto hay que sumarle que Pablo, como gran dependiente que es, requiere de cuidados continuos, por lo que, en nuestro caso, mi mujer es la que se encarga de estar con él, teniendo que renunciar a un segundo sueldo. 

Este es nuestro caso y el de muchos niños y niñas con parálisis cerebral en nuestro país, familias que luchan por equilibrar su economía para poder cubrir las necesidades especiales de sus hijos y darles la mayor calidad de vida sin arruinarse por el camino. Y todo esto sin ayuda de las administraciones. Porque, seamos claros, una dotación de 323 euros al mes, para un niño con parálisis cerebral, con el coste de sus tratamientos y los materiales que necesita, no da ni para financiar un 20% de los gastos. No es dinero.

Durante la crisis del Covid-19 hemos podido observar cómo sí que hay dinero, solo que depende para quien. No hay partidas económicas destinadas a la discapacidad, no se emplea dinero en quien no produce más dinero. Pero nuestros niños forman parte de la sociedad, son personas, igual que nosotros, y tienen los mismos derechos.

Por eso le pido al Congreso de los Diputados que se reforme la ley de la dependencia. Que esta se ajuste a criterios realistas, no unificados y que se otorgue en función del grado de la enfermedad que padezca cada persona. Además de que cubra, como mínimo, el 50% de los gastos que las necesidades de nuestros pequeños generan y así sus familias podamos tener un respiro económico. Esta ley debería también otorgar un sueldo a las personas que ejercen como cuidadores de los grandes dependientes, ya que, al asumir el cuidado de estos pacientes, están renunciando a un sueldo y a una cotización de forma vitalicia.

Por otro lado, es necesario que se inviertan muchos más recursos en la atención temprana. Puede que ustedes ahora no lo vean, pero invertir en las terapias de los niños con discapacidad es una inversión de futuro. Que ellos tengan las ayudas adecuadas para desarrollarse con la mejor calidad de vida desde su nacimiento es lo que les convertirá en adultos más o menos independientes en el futuro y, por tanto, en personas que, a parte de lo que aportan por si mismos a la sociedad, puedan retribuir económicamente.

Pero, por encima de todo, no hay que olvidar que estos niños y niñas forman parte de la sociedad y, como tal, se les debería poner todos los medios a su disposición para que contaran con la mayor calidad de vida posible.