El artículo 13.2.e de la Ley General de Subvenciones  contempla la estricta prohibición de que aquellos que adeuden a Hacienda puedan cobrar subvenciones públicas de ningún tipo (siendo implícito que ninguna diferencia en su finalidad relega ni exime del cumplimiento de los principios comunes a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y requisitos mínimos que deben necesariamente cumplirse para proceder al otorgamiento de subvenciones, independientes de aquellas disposiciones reguladoras y procedimientos de concesión posteriores marcados en su artículo 4, referente a grupos parlamentarios y partidos políticos).

Sin embargo, Izquierda Unida recibió, según consta en los Presupuestos Generales del Estado, las subvenciones trimestrales que le correspondían en 2013, el mismo año en el que adeudaba, sólo en Madrid, más de 2 millones de euros (1,2 millones a la Agencia Tributaria y un millón en cuotas impagadas de la seguridad social de sus trabajadores).

Un dinero que cobraron gracias a un acuerdo privilegiado con la Hacienda Pública que les permitía disolver dicha deuda en 96 cómodas mensualidades (8 años). Un privilegio parecido al que disfrutaron cuando Unicaja les perdonó 2 millones y medio de euros, y con el que no cuentan, ni por asomo, los ciudadanos, más teniendo en cuenta que el sistema de financiación de los partidos políticos en España es mixta, y compatibilizan dichas subvenciones vía Presupuestos Generales con otras (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, aportaciones privadas –cuotas, donaciones, subvenciones paralelas a sus respectivas Fundaciones, otras condonaciones bancarias de préstamos, etcétera).

Dicho lo cual:

¿Aceptó Izquierda Unida un plan de pagos injusto que aplicaba con manga ancha la ley, si no permitiendo activamente que Izquierda Unida se la saltara?
 

…¿Que el estado tenga que subvencionar a Izquierda Unida con casi la misma cantidad de dinero que deben a la Seguridad Social y Hacienda… no es, efectivamente, socializar la deuda privada de esta coalición?

¿Cómo encaja esto y el saltarse la ley para cobrar este dinero, con el eterno discurso de “socializar deuda privada es terrorismo financiero y capitalismo asesino”?

¿Entiende acaso Izquierda Unida que el hecho de que las subvenciones a partidos políticos se regulen con una ley diferente implica que no están sujetos a la exigencia fiscal recogida en el artículo 4?

¿Cómo Cristóbal Montoro, Ministro en antípodas ideológicas de su coalición, no le cortó el grifo a Izquierda Unida si la Ley en vigor le permitía hacerlo? ¿Tiene algo que ver con el apoyo presupuestario de IU al PP en Alcalá de Henares?

Gracias y un saludo.