La retirada de Estados Unidos y de la OTAN tras 20 años de intervención en Afganistán ha dejado a millones de personas expuestas al horror del régimen talibán, particularmente a las mujeres y a las niñas afganas, que en pocos días han visto cómo se desvanecen sus derechos civiles y políticos. Tras el fin de las evacuaciones internacionales y el cierre del aeropuerto de Kabul, cientos de miles de personas han iniciado un éxodo terrestre hacia los países vecinos. Las mujeres y niñas, activistas, maestras, periodistas y defensoras de derechos humanos que no lo logren se enfrentarán a las peores consecuencias: la muerte o la esclavitud sexual, como ya está ocurriendo con los matrimonios forzados.

Por ahora, la Unión Europea planea responder a este desastre humanitario repitiendo la fórmula del ‘acuerdo de la vergüenza’ con Turquía (2016). Es decir, desembolsando cientos o miles de millones de euros para que los países de la región contengan el flujo de solicitantes de asilo y eviten su llegada a las fronteras comunitarias. Entonces fue Siria, hoy es Afganistán, pero el modelo es el mismo: externalizar el control de fronteras, no responsabilizarse de las violaciones de derechos que se produzcan en las mismas y mirar a otra parte. De momento [principios de septiembre], los Estados miembros tampoco han llegado a ningún compromiso de acogida. 

En el último mes, Podemos se ha dirigido en varias ocasiones al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, para solicitar, entre otras medidas: 

• Que se activen corredores humanitarios que permitan solicitar asilo desde las embajadas y consulados europeos situados en los países vecinos de Afganistán, además de establecer un sistema de cuotas equitativas y obligatorias de acogida.
• Que se expidan visados humanitarios y se aceleran los procesos para obtener asilo y protección internacional.
• Que se declare Afganistán como un país no seguro para que no se produzcan devoluciones como las que se han llevado a cabo en los últimos meses, pese a que ya se anticipaba el colapso del país.
• Reasentamiento en condiciones dignas de las personas retenidas en campos europeos. Una exigencia que, obviamente, no es nueva, y que se hizo especialmente evidente tras el incendio del campo de refugiados de Moria en septiembre de 2020. Entonces, más del 80% de las personas solicitantes de asilo que estaban en Lesbos ya eran afganas.
• Que las solicitudes de asilo se examinen con enfoque de género, teniendo en cuenta las violencias específicas que sufren las mujeres tanto en su país de origen como en su ruta hacia Europa (las mujeres y niñas están más expuestas a ser víctimas de explotación sexual y trata en estas circunstancias).
• Que lo que la Comisión Europea llama “esfuerzos de coordinación y colaboración con terceros países” no se traduzca en un nuevo ‘acuerdo de la vergüenza’, una inhumana externalización de fronteras y una inyección de miles de millones de euros para que países gendarmes frenen el paso de personas que huye del horror y la miseria.
• Finalmente, hemos pedido que se ofrezca más apoyo económico y técnico a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en los países vecinos de Afganistán y que ya están dando asistencia a miles de personas.

En definitiva, no es solo cuestión de solidaridad, sino de cumplir con el Derecho Internacional y con la normativa comunitaria en materia de asilo y refugio.