Los servicios públicos están fallando a las mujeres una vez más. Recientemente ha salido a la luz cómo en Murcia, y en otras 11 provincias, los hospitales públicos no están registrando interrupciones voluntarias del embarazo desde hace 5 años. En España, el aborto es legal desde 1985, según la Ley Orgánica 9/1985, que garantizaba un aborto seguro y público para todas las mujeres si se daban estos tres casos dentro de las primeras 12 semanas: en caso de violación, en el caso de que fuera necesario para proteger la salud física o psíquica de la embarazada, o en el caso de que el feto pudiese nacer con graves taras físicas o psíquicas. 

Mi caso fue en 2003, cuando aún nos regíamos por la ley de 1985. Al mes de embarazo tenía una barriga que no se correspondía al tiempo de gestación, por lo que acudí al médico. Me dijeron que tenía un mioma, por lo que era inevitable se produjese un aborto natural. Me hicieron pruebas y me dijeron que me fuera a casa, que de momento el feto seguía con vida por lo que no podían intervenir. En ningún momento se preocuparon por mi salud, sólo por la del feto. La barriga fue creciendo y se desencadenaron una serie de sucesos por los que me derivaban de una clínica a otra, ya que desde el sistema de salud público se negaban a intervenir, aún sabiendo que mi salud estaba en riesgo. Todo esto, por supuesto, acompañado de un trato discriminatorio y vejatorio hacia mí por ser mujer y por tener que abortar.

El problema es que, casi 20 años después, este derecho que pensábamos que estaba conquistado está muy lejos de ser un servicio digno para las mujeres. El Servicio Murciano de Salud no practica interrupciones voluntarias del embarazo en ningún centro hospitalario público de la región debido a que, acogidos a la declaración de objeción de conciencia,una gran mayoría de profesionales sanitarios se niegan. Todas las interrupciones son derivadas a clínicas privadas, dentro o fuera de la región, siendo esto un incumplimiento de la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que esta establece que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros públicos o vinculados a estos y sólo en casos excepcionales podrán ser derivados a centros privados. En la región de Murcia ni siquiera los abortos de riesgo se realizan en la seguridad social. Esto, por otro lado, sólo deja entrever cómo al final son las mujeres pobres las que tienen que sufrir estas situaciones al acudir a los centros públicos, ya que las mujeres de clase alta tienen la posibilidad de acceder a centros privados y ahorrarse este proceso, tal y como era antes. 

¿Desde cuándo la objeción de conciencia está por encima de la vida de la mitad de la población? ¿Por qué el aborto no se realiza en hospitales públicos si es un servicio público y gratuíto? Negarse a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos es ilegal y discriminatorio; las mujeres se siguen viendo como incubadoras de bebés y no como personas. El aborto debe y tiene que ser un servicio público y accesible para todas las mujeres sin importar la clase o la procedencia social.