Mi nombre es Mari Carmen, y con esta campaña quiero denunciar y exponer cómo desde la Seguridad Social se está dando el alta médica a personas sin realizar ningún tipo de evaluación médica y forzando la reincorporación al trabajo sin haber antes comprobado su estado de salud. 

En mi caso, que he podido saber que no es el único, la razón de mi baja parte de una rotura de muñeca en 2011, a partir de la cual sufrí diversas complicaciones. Estas complicaciones llevaron a distintas operaciones, rehabilitación, tratamientos…, por las cuales desde el ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas) se me alarga la baja médica. No obstante, mi problema de salud no se soluciona. El problema se extendió hasta la palma de la mano, me diagnosticaron con el síndrome de Dupuytren y distrofia y para 2017 mi mano derecha queda completamente inmóvil. Fui remitida para una segunda opinión  al hospital del Valle de Hebron, quienes desestimaron cualquier intervención quirúrgica sobre la SDRC, iniciado en el 2011, agravado en 2017 tras un fracaso de los abordajes conservadores. A partir de ahí comienzo con un cuadro clínico de larga evolución ansioso-depresivo. Más adelante, en septiembre de 2019, los síntomas se agravan; episodios de incoordinación, malestar general, pérdida de conciencia, disartria… En la actualidad tengo un 48% de discapacidad. 
 

Tras una primera reincorporación al trabajo, el dolor crónico se alargó al resto de mi brazo y se me concedió la baja una vez más y dirigió a la Unidad del Dolor. En 2022, vuelvo a ser operada para instalarme un innovador neuroestimulador que ayude con la movilidad y el dolor.  Además, hace un año empecé con dolor y a no tener movilidad en el brazo izquierdo,  tras varias visitas médicas y pruebas me diagnosticaron  distrofia simpático-refleja metabólicamente activa (afecta a la extremidad superior izquierda, de predominio proximal en hombro, también en codo y carpo-mano) hará un mes mediante una Gammagrafía. 

Durante los 15 meses de baja, mi dolor disminuye un 70 por ciento, no obstante el problema de movilidad persiste. 

La problemática se da cuando en febrero de este año recibo, sin ningún previo aviso, por SMS, una resolución del INSS que solicita la reincorporación inmediata a mi puesto de trabajo. Cuando recibo este mensaje, interpreto que se trata de un error, ya que no se me ha evaluado desde el ICAM ni he pasado por ningún tribunal médico que determine que puedo realizar mi trabajo. ¿Cómo es posible? 

A pesar de intentar contactar con el INSS sin éxito y buscar todo tipo de soluciones, me he visto obligada a reincorporarme al trabajo. Soy administrativa en un Instituto de la comarca de Barcelona. El dolor crónico y los problemas de movilidad hacen imposible que pueda realizar mi trabajo correctamente ( actualmente estoy trabajando con un solo dedo de la mano derecha). 

Llevo cinco meses sin respuestas o explicaciones (más allá de que se trata de un cambio de protocolo) que me ayuden a entender qué motivos justifican esta reincorporación forzosa a mi puesto de trabajo que está provocando problemas en mi salud física y grandes perjuicios en mi salud mental. Ahora, todos los días voy al trabajo sabiendo que mi dolor va a ser constante y que mi problema de salud no va a permitirme realizar mis funciones, siendo esto una carga para mis compañeros.  

Por todo ello y las graves consecuencias que tiene para mí esta situación, no entiendo cómo puede ser posible otorgar un alta médica sin que un tribunal médico haya realizado una evaluación previa. Y es por eso, que con esta campaña quiero dirigirme a los representantes del Senado, para que, por favor, consideren impedir que esto siga ocurriendo y sean conscientes de las consecuencias que acarrea tanto a nivel físico como mental. 

Pido desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. ¡Gracias a tod@s!