Desde Odontos Homologantes, cientos de odontólogos con títulos extranjeros en proceso de homologación en España denunciamos la actual situación a la que nos enfrentamos en el país, donde nos encontramos imposibilitados a la hora de ejercer nuestras profesiones. 

Desde un inicio, antes de emigrar, aceptamos que existía un proceso de homologación establecido según normativas; sin embargo, ahora nos encontramos con una realidad totalmente diferente en donde hay un cambio constante de las reglas y/o no cumplimiento de las mismas en los procesos de homologación, evidenciando así la falta de garantías en procesos que no se ajustan a las normas establecidas.

Entendiendo que la odontología es una profesión regulada en España, muchos de nosotros iniciamos un proceso legal a partir del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación de estudios extranjeros de educación superior en el marco español. No obstante, hemos visto nuestros procesos imposibilitados. 

A pesar de que el artículo 14 del mismo establece un plazo de 6 meses para otorgar una resolución definitiva del expediente de homologación, muchos de los procedimientos realmente tardan 2 o 3 años. Asimismo, existe un grave incumplimiento del Artículo 10, donde se establece un criterio de un exhaustivo análisis de las solicitudes, mientras que la realidad no es así, pues hemos evidenciado cómo profesionales con el mismo plan de estudios que cursaron la carrera en la misma Universidad, obtuvieron resoluciones diferentes. Así, se demuestra una clara falta de criterio y responsabilidad en el análisis de las solicitudes. 

Por otra parte, en el año 2020, el colectivo entendió y respetó la situación atravesada por la pandemia a causa de la Covid. Aún así, vimos vulnerados nuestros derechos cuando se reanudaron las convocatorias de homologación para otras carreras universitarias y se realizaron exámenes como el MIR, mientras los odontólogos seguíamos a la deriva debido a que las universidades se excusaron en la situación de la Covid para no abrir convocatorias de exámenes de homologación. Dicho contexto nos ha llevado a la pérdida de tiempo de nuestras resoluciones, que cuentan con un plazo de 6 años para superar los requisitos formativos y, en efecto, la pérdida de oportunidades para superar dichos requisitos.

Así, empezamos una ardua lucha con quejas realizadas a los entes competentes en donde el Ministerio atribuía autonomía a las universidades, mientras las universidades decían esperar instrucciones del Ministerio. Pero, ¿cómo es posible que haya un decreto de homologación que aparentemente ningún organismo público debe cumplir si es cierto que las universidades pueden elegir dar exámenes o no a los candidatos?

Finalmente, cuando obtuvimos la posibilidad de realizar un examen “extraordinario” convocado por la CRADO, Conferencia de Decanos y Responsables Académicos de Facultades y Escuelas de Odontología de España (de la cual se desconoce su personalidad jurídica y sus miembros) el pasado 29 de octubre de 2021, vimos nuestros derechos nuevamente vulnerados a manos de un examen que presentó muchas irregularidades.

Este examen, realizado en múltiples universidades públicas y privadas del país, no respetó los procesos de homologación detallados en la Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan las normas de desarrollo y aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.

Este mismo decreto indica que se deberá superar UNA sola prueba de aptitud; sin embargo, la CRADO indicó, contrario a esto, que la prueba consistiría de un doble examen, uno teórico y otro práctico, para muchos de los requisitos formativos asignados. Adicionalmente, se nos informó que las preguntas del examen se basarían en el contenido bibliográfico de todas las universidades participantes, cuyas guías docentes son de acceso público, cuando de hecho se incluyeron preguntas planteadas por fuera de la bibliografía oficial de las citadas instituciones, haciendo imposible tener los conocimientos requeridos para estos exámenes. 

Esto, junto a otras irregularidades como la falta de tiempo (contamos con apenas 35 minutos para realizar el examen), el carácter de algunas preguntas hechas sobre la temática COVID, el incumplimiento de tiempos de entregas de resultados, y otros, pone de manifiesto la falta de colaboración por parte de las Autoridades pertinentes para establecer un examen bajo justas normas.

Finalmente nos encontramos con que nadie es el responsable de realizar los exámenes, nadie es el responsable de publicar listas, nadie es el responsable de su corrección, nadie es el responsable de las impugnaciones, nadie posee los exámenes. 

Necesitamos que alguien se haga cargo de la vulneración de nuestros derechos. Nuestras homologaciones no llegan y, en caso de que sí lo hagan, cuando llegan vienen condicionadas de la obligación de cumplir requisitos formativos adicionales que implican aún más tiempo y dinero. Solicitamos una pronta subsanación de todas las irregularidades a través de reglas claras en este proceso administrativo, con el objetivo de salir del estado de indefensión que nos encontramos y el perjuicio provocado en cuanto a nuestra pérdida de tiempo, dinero y salud.

Lo establecido por los reales decretos se debe cumplir. Los requisitos arbitrarios a los que fue condicionada nuestra homologación deben parar. Los temas burocráticos no deben truncar más nuestros procesos de homologación. Debe haber una #HomologaciónJustaYA.