Hola, somos Sara Solano y Miguel Ángel Vázquez respondiendo desde este perfil. Desde nuestro punto de vista y desde la perspectiva de las personas que formamos la candidatura Revolución de la Fraternidad, la madre del cordero realmente está en el blindaje de los servicios públicos para que estos sigan siendo tales. Así:

En aquellos países en los que no existen o son muy frágiles los servicios públicos de sanidad, salud y protección social el grado de cohesión social se reduce mucho y se generan una gran cantidad de problemas (violencia, desintegración, racismo, migraciones masivas, profundización en las desigualdades…). Por ello es fundamental que España no continúe en esa dirección de privatizaciones masivas y donde los derechos humanos de una persona dependan de su cuenta corriente.

Con este fin proponemos la aprobación de una carta de los derechos sociales, con rango de Ley Orgánica, que establezca las prestaciones, económicas, sociales y asistenciales, que las Administraciones Públicas estarán obligadas a garantizar y que podrán ser exigibles. Esta carta incluirá, a su vez, una declaración específica sobre los derechos sociales de las personas migrantes. Con esta Ley, se transformarán en derechos lo que hasta ahora son meros servicios públicos que pueden recortarse o eliminarse  por una simple decisión de conveniencia política.

· Concebir el acceso a la educación, la salud, el empleo y la vivienda como un derecho de toda persona residente en España.

· Considerar los servicios sociales como una inversión y no como un gasto.

· Adoptar un PACTO DE ESTADO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL, en el que se comprometiese al conjunto de las administraciones públicas y se implicase a la totalidad de los actores sociales.

· REDUCIR LAS DESIGUALDADES en los niveles de renta, territoriales y las que sufren los grupos sociales en desventaja (personas mayores, personas con discapacidad, personas inmigrantes, población gitana, personas sin hogar, personas drogodependientes, población reclusa, mujeres, etc.).

· Establecer medidas de urgencia para EVITAR LA QUIEBRA FAMILIAR como consecuencia de las deudas  hipotecarias que, por causa de la crisis económica, muchas familias no pueden abordar:

- Con carácter transitorio, la paralización inmediata de los desahucios de las familias en riesgo de perder su vivienda habitual. Creación de comisiones de sobreendeudamiento para analizar el riesgo de precariedad y exclusión social de las familias embargadas.

- Aprobar la condonación de la deuda a familias en riesgo de exclusión social, permitiendo que, transitoriamente, permanezcan en el piso desahuciado hasta ser incluidas entre los beneficiarios a una vivienda social.

- Habilitación de un fondo público específico que permita la renegociación de la deuda, ajustando la cuota del préstamo a las posibilidades reales de las familias hipotecadas. Deberá tenerse en consideración la situación socioeconómica de la familia, aplicándose exclusivamente para evitar la situación de exclusión social.

- Ampliar la red de acogida de emergencia (albergues y otras fórmulas)

· Garantizar en España los niveles de cobertura sanitaria universal y gratuita previos para el conjunto de la población; y, además, corregir aquellas desigualdades en materia de SALUD que hacen que determinados grupos de población tengan una menor atención sanitaria, menos esperanza de vida, mayor morbilidad y en consecuencia menor calidad de vida.

- Tomar medidas de atención específica dirigidas a aquellos grupos que tienen más dificultades en el acceso al sistema de salud o que requieren de una especial atención (personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, personas con enfermedades raras y crónicas, personas con drogodependencias, población reclusa, personas sin hogar, minorías étnicas, etc.)

- Intensificar las campañas preventivas y de educación en hábitos de vida saludables, dirigiéndolas especialmente a las personas que tienen peor calidad de vida.

- Intervenir en contextos insalubres, mejorando los equipamientos y resolviendo los problemas estructurales que precarizan la salud de las personas.

· Derecho a una EDUCACIÓN de calidad, inclusiva y gratuita:

- Incrementar el presupuesto educativo hasta situarlo en la media europea (5,3%).

- Asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad de enseñanza obligatoria, con la garantía de que pueda ser en el centro educativo más cercano a su lugar de residencia.

- Asegurar el acceso gratuito a los centros de educación infantil para toda persona en situación de riesgo de exclusión.

- Establecer mecanismos de coordinación estrecha entre el sistema educativo y los servicios sociales, con objeto de dar apoyo a las familias así como fomentar espacios no formales de educación.

- Dotar a los centros educativos de personal especializado, docentes y no docentes, para trabajar con alumnos en situación de riesgo, tanto por causas económicas como sociales.

- Introducir la atención a la diversidad como un elemento esencial en el proyecto educativo.

- Prevenir la segregación educativa y la concentración de alumnado con factores de riesgo estructural en determinados centros

- Reducir las tasas de abandono escolar y facilitar la reincorporación al sistema educativo de aquellas personas que lo han abandonado, con mecanismo de información y asesoramiento, con diseños de itinerarios formativos acordes con su formación inicial y  experiencia laboral.

- Favorecer un conocimiento básico por parte de la población de varias lenguas oficiales del Estado y facilitar el aprendizaje y uso de todas las lenguas oficiales del Estado en las regiones donde estas se hablan con la creación y fortalecimiento de líneas en valenciano, catalán, gallego, euskera, castellano… en los centros educativos.

- Reducción de la ratio de alumnado para favorecer la atención personalizada al alumnado.

- Mantener abiertos los comedores escolares durante todo el año, no sólo en periodo lectivo, cuando sea preciso para garantizar el derecho a la alimentación de la infancia y juventud.

· Derecho a un TRABAJO digno como elemento clave para fortalecer la cohesión social.

- Incrementar el salario mínimo interprofesional (actualmente en 648 euros al mes) para lograr que no hayas familias que incluso trabajando se encuentren bajo el umbral de pobreza relativa.

- Apoyar la creación de empleo para colectivos desfavorecidos, fomentando la aparición de empresas de inserción e introduciendo cláusulas sociales para el acceso al empleo en la administración pública y en la empresa.