Pregunta para Congreso de los diputados
La pandemia ha agravado la brecha salarial y el paro para las personas con discapacidad, ¿por qué el Estado delega nuestra inclusión laboral en centros que están en manos privadas?
Un 79,4% de las personas con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral desde que empezó la pandemia: más de un 17% ha perdido su trabajo y un 46% está buscando trabajo. Además, el 55% de este colectivo ni siquiera ha podido acceder a una entrevista de trabajo. Estos tres datos de un estudio de la Fundación Adecco nos aproximan a una realidad que conocemos bien, las personas con discapacidad tenemos aún más dificultades para incorporarnos al mercado laboral cuando nos azota una crisis económica sin precedentes.
Los datos demuestran que nuestro derecho a trabajar, constitucionalmente reconocido, se vulnera de forma sistemática. Se han destruido más de 100.000 empleos entre la población activa de las personas con discapacidad y la firma de contratos cayó hasta los 248.000, según los datos del Oberservatorio Odismet.
El Movimiento por la Discapacidad (MPD), nace de la prolongada indolencia y abandono que las entidades que el sector Discapacidad, llevan cometiendo con aquellas personas que afirman amparar y defender, siendo su actividad enfocada básicamente en PRESTAR SERVICIOS COMO EMPRESAS “DE FACTO” AL COLECTIVO CON DISCAPACIDAD.
Los llamados Centros Especiales de Empleo están en teoría diseñados para gestionar nuestra inclusión laboral. A pesar de que el Estado debe velar por el correcto funcionamiento, en su mayor parte están gestionados por empresas privadas. Consideramos que el funcionamiento de estos centros es un despropósito que está en el origen del problema que queremos poner sobre la mesa: tenemos derecho a trabajar y queremos trabajar pero queremos que se corrijan los defectos del sistema, que se lleven a cabo políticas efectivas para garantizar una inclusión real y efectiva, porque queremos tener las mismas oportunidades para trabajar que cualquier ciudadano.
La crisis del Covid-19 sólo ha agravado nuestro problemas: aumenta la desigualdad social y perjudica con más dureza a las personas con discapacidad: no tener las misma oportunidades laborales afecta a nuestras relaciones y repercute en nuestro nivel de ingresos, aumentando los niveles de pobreza en nuestro colectivo.
Todos los que estamos en el Movimiento Por la Discapacidad estamos luchando por una INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA en todos los ámbitos (social, educativo y laboral) con el fin de poder asumir roles similares a los que asumen las Personas Sin Discapacidad. Esto sólo será posible mediante políticas y prácticas adecuadas con el fin de garantizar que las Personas Con Discapacidad tengamos las mismas oportunidades y participar en todos los aspectos de la vida.
Por eso lanzamos esta iniciativa para ser escuchados por los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Lo lograremos unidos si reunimos más de 1.500 firmas. Necesitamos dos minutos de vuestro tiempo firmando y compartiendo esta iniciativa con todos los vuestros para conseguirlo. ¡Gracias!