Mi nombre es Romina, llevo desde el 2021 sin la tutela de mis hijos y la comunidad de Madrid se niega a darme un juicio justo y ejecutar la reunificación familiar que llevó exigiendo más de un año.

El padre de mis hijos me amenazaba con quitarme a mi hijo mayor si no accedía a mantener una relación sentimental con él. El miedo infundado me hizo aguantar 9 años de maltrato físico y psicológico. Hasta la retirada de la tutela, he criado a mis hijos sola, ya que el padre se desentendió de sus obligaciones desde el principio. En cuanto tuve valor para denunciar sus abusos y separarme de él, cumplió su promesa e hizo todo lo posible por desacreditarme ante los servicios sociales por el mero hecho de nacer en una casa humilde de un barrio obrero, al contrario de su acomodada familia.

Vivía en casa de mi madre que, en 2019, le dieron la baja indefinida debido a una degeneración cognitiva que derivó en el diagnóstico de Alzheimer. En el año 2020, en plena pandemia del Covid-19 y la situación socioeconómica del momento, me quedé sin la posibilidad de un trabajo, sumado a la enfermedad mental de mi madre, ella misma me echó de su casa dejándome sin un alojamiento donde poder vivir con mis hijos.

A pesar de acudir a los servicios sociales pidiendo ayuda urgente, desoyeron la petición de un alojamiento para madres solteras en situación de riesgo como ofrece la Fundación Madrina y el Cáritas Mujer, y me aseguraron que no era necesario dicho alojamiento porque mi situación se iba a resolver con premura. Sólo me advirtieron que iban a otorgarle la guarda del cuidado de mis hijos a mi madre, una decisión que me parecía lógica debido a mis circunstancias del momento y se me prometió que iba a ser temporal hasta yo consiguiera estabilizar la situación. En cambio, como mi madre tenía problemas de salud mental y cognitiva, me retiraron la tutela de mis hijos sin previo aviso y sin ninguna explicación a tal medida, y le dieron la guarda y custodia de mis hijos a su abuela paterna, quien ni siquiera vive en la misma ciudad.

El proceso se llevó a cabo sin comunicarse debidamente conmigo, con la mayor desinformación posible, convirtiendo el proceso en una absoluta tortura. La abuela paterna que me odia por el mero hecho de denunciar el maltrato que yo he sufrido durante tantos años por parte de su hijo, se vengó de mí impidiéndome tener ningún tipo de contacto con mis propios hijos durante tres años: no me permite llamadas telefónicas y aún menos ver a mis hijos en persona pese a que ellos viajan a Madrid casi cada fin de semana para quedarse en casa del padre. También ha vulnerado los derechos de libertad religiosa de mis hijos ya que ella pertenece a un grupo de cohesión coercitiva y les ha obligado pertenecer a una entidad religiosa.

A pesar de que se me informó en Comisión de Tutela que yo tendría derecho a un régimen de visitas, no fue así. Es hasta hace unos pocos meses que se me ha concedido visitas de dos horas de duración cada 15 días, en un punto de encuentro ubicado en Cáceres que me supone 8 horas de viaje al día.

Durante todo este tiempo me he sentido abandonada por las administraciones públicas. He sido engañada y desinformada sobre los procesos administrativos y mis derechos como madre por parte de profesionales. He reclamado y batallado mucho para que se me atendiera, así como mejorado mi situación personal realizando un curso de formación, consiguiendo un trabajo estable y un alojamiento propio y, sin embargo, siguen sin concederme la tutela de mis hijos, mientras que mi expareja, quien jamás se ha responsabilizado de sus hijos (ni siquiera ha reconocido legalmente al mayor), jamás ha contribuido económicamente y además fue mi maltratador y ahora ejerce violencia vicaria usando a mis hijos, disfruta de privilegios y todos los derechos que a mí me han quitado.

 Y por si fuera poco, el CAI 1 acaba de cerrar mi caso al no querer atenderme por supuestos problemas en las competencias territoriales a la hora de gestionar que las visitas puedan ser con pernocta y en mi domicilio, ya que yo realicé por escrito la petición en Comisión de Tutela en noviembre del 2022 y durante todo el 2023 me aseguraron que se haría efectivo, acabando por despacharme sin ninguna solución. En cambio, el padre biológico realizó la misma petición el 3 de diciembre del 2021 y se le concedió el 13 de diciembre del mismo año, aunque reside en otro municipio y sin pasar por el proceso de un punto de encuentro.

Con esta campaña, quiero exponer mi caso y pedir que se me devuelva la custodia de mis niños, a quienes no solo separaron de su madre de forma brusca y sin cuidar su salud mental tras el trauma, sino que también fueron arrancados de su ciudad, su colegio, sus actividades, sus amigos... de su vida.

Además, quiero denunciar la falta de profesionalidad, humanidad y preparación de las personas que toman decisiones como éstas y reivindicar la necesidad de renovar en profundidad los servicios de protección de menores y que la retirada de tutelas se avale por vía judicial y no sea llevada a cabo mediante simples funcionarios, un error que también ha denunciado la ONU ya que España es la única con una gestión que sólo criminaliza a las familias vulnerables e impide volver la reunificación familiar.

Sé que mi historia no es un caso aislado. Son muchas las familias que sufren una situación similar y han de pasar por este proceso desesperante y desgarrador, así como muchas de las madres y víctimas de violencia de género que ven vulnerados sus derechos y son objetivos de sufrir violencia institucional. Un claro ejemplo de ello es la Asociación para la Defensa del Menor APRODEME, donde miles de familias afectadas en toda España se niegan a callar.

Por ello, y con todo lo aquí plasmado, quiero dirigirme a los representantes de la Asamblea de Madrid para que escuchen nuestras reivindicaciones y tomen cartas en el asunto.

Pido desde aquí la mayor difusión y apoyo a esta campaña. Gracias a todos.