Mi respuesta ha de ser, necesariamente, larga y motivada.

- La secesión, el supuesto derecho a decidir y las vías de una consulta legal sobre la independencia. 

- Los límites y las garantías de un proceso en Euskadi con una Ley de la Claridad.

¿Es posible legalmente y hay condiciones para proponer en España una variante de la Ley de la Claridad en Canadá que ha servido para resolver mediante referéndum la demanda de independencia para el Quebec? ¿Servirá de referencia la vía y los limites de la consulta que, a iniciativa del conservador británico Cameron, van a celebrar en Escocia? 

Es verdad que el modelo político y jurídico acordado para las consultas en Quebec o la fórmula que se negocia para Escocia en una Gran Bretaña que carece de Constitución escrita, no parten de nuestra realidad. Euskadi dispone de un Estatuto de autogobierno envidiado y reclamado por los propios nacionalistas canadienses  escoceses y catalanes. Tampoco las circunstancias económicas, el estado de la opinión pública en Canadá y Gran Bretaña, la ausencia del terrorismo o el nivel de desarrollo de su cultura democrática son comparables con los antecedentes y situación del País Vasco y España.
 
En el nuevo escenario post-ETA, la sociedad vasca necesita un proyecto de cohesión social y territorial basado en un modelo incluyente de Pais y dirigido a dar respuesta a sus  problemas. Desde la prioridad de la gestión de la crisis económica, siguiendo por la construcción de una convivencia que mantenga viva la memoria de las víctimas del terrorismo y el reforzamiento de los valores democráticos para consolidar la paz. Los independentistas no pueden alegar que exista un enemigo exterior ni desviar la atención o los esfuerzos concentrados en la reactivación de la economía. Y nadie puede afirmar que la identidad vasca corra ningún riesgo con nuestro Estatuto y en España, sobre todo si hablamos de identidades no excluyentes sino de identidades compartidas.

Ante argumentaciones demagógicas, quiero afirmar que Euskadi no es equiparable al Sáhara Occidental. Porque ni sufrimos un estado de ocupación colonial, ni carencia de democracia, ni tenemos impedido el desarrollo de nuestras singularidades, ni carecemos de un sistema amplio de autogobierno. Es innegable que el Pueblo Vasco no tiene derecho al ejercicio de la autodeterminación, algo que si sucede en el caso del Pueblo Saharaui por su situación de Colonia y por resoluciónes de la ONU.

Para frenar la amenaza de la secesión unilateral, una sociedad democrática madura debe poder hablar de la independencia porque el problema existe. Por eso planteo una posición   estratégica de fondo, estimulando una respuesta política e ideológica compleja y discutible, sí, pero profundamente democrática frente al desafío nacionalista y la ceguera recentralizadora de PP y UPyD, contrarios al reconocimiento de la España plurinacional. La clave estaría en una vía consultiva de aplicación sólo para el supuesto de que los nacionalistas reconocieran que su planteamiento de la independencia debe conjugarse con la legalidad constitucional vigente en cada momento.

Con esa premisa básica y después de que se logre la disolución de ETA y se supere la crisis, no se debería hacer oídos sordos a una petición clara y precisa, aprobada por una mayoría cualificada del Parlamento Vasco y que obtuviera un refrendo cualificado de la ciudadanía. La reivindicación de la independencia es legítima siempre que se defienda pacíficamente y sea conforme con reglas democráticas. Pero jurídicamente hoy no es posible darle una salida constitucional. 

Ahora bien, para quienes nos sentimos demócratas, vascos, federalistas o autonomistas, españoles y europeistas, nuestra respuesta no puede ser un silencio defensivo. No parece inteligente dar un portazo desde la rigidez constitucional a la reivindicación sino una respuesta democrática desde la defensa de los principios que informan un Estado de Derecho; entre ellos el respeto a la legalidad vigente en cada momento, susceptible de reforma mediante el diálogo y la negociación.

Rechazo la existencia de un derecho a de la autodeterminación, o del supuesto derecho unilateral a decidir. Pero no me parece una locura el estudio de una consulta pactada y regulada por Ley de Las Cortes, a modo de Ley de la Claridad de Canadá, a celebrar en Euskadi en la coyuntura señalada (disuelta ETA y superada la crisis). Porque si quedara demostrada esa aspiración por una mayoría clara y pactados luego entre las partes los hipotéticos términos de la separación, sólo para los territorios que lo expresaran con la mayoría requerida, después habría que reformar la Constitución para posibilitar una salida legal, lo que incluiría la obligada celebración de un posterior referéndum en toda España.
 
La Fundación Mario Onaindía ha impulsado estudios que analizan las consecuencias prácticas de una secesión, como la salida de la Unión Europea. Es esclarecedor contar con un balance de la secesión en términos humanos, económicos y políticos, perfilando el cauce legal que pudiera consensuarse de manera bilateral con el Estado. También ha de resultar valiosa su valoración intelectual con referencias históricas y afectivas sobre los vínculos que han mantenido los territorios vascos ( o en su caso Catalunya) durante cientos de años con los otros Pueblos de España y las ventajas de apostar por fortalecer la opción de las identidades compartidas.

El nacionalismo agita la causa de la autodeterminación y la independencia como factores emocionales de alimento político para sus bases y de movilización electoral. Además de utilizarla como arma arrojadiza con la pretensión de deslegitimar la democracia española. Y el gobierno de Rajoy, corrupto, antisocial y nacionalista español, es el mejor aliado de PNV y BILDU. Los mismos que nunca han querido concretar las condiciones, ámbito y sujetos de decisión de una consulta clara a plazo fijo. Siempre les ha interesado el juego de la exigencia en abstracto, la confrontación de identidades y el falso victimismo contra el Estado. 

La independencia de Euskadi, en una Europa en crisis que reclama a los Estados más cesiones de soberanía para fortalecer su dimensión social en medio del mundo globalizado e interdependiente, me resulta  innecesaria para mejorar nuestra felicidad y estado de bienestar. Y, además, sería probable causa de una fractura ciudadana. Por ello es el momento de afrontar la batalla ideológica con el nacionalismo, poniendo en valor el autogobierno y defendiendo un relato en el imaginario colectivo sobre el significado de la cultura democrática en la que principios como el respeto al pluralismo y valores como la convivencia arraiguen en la ciudadanía más que la exaltación de las patrias y la permanente confrontación de las diferencias. 

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa
 San Sebastián, 2 de mayo de 2014