Gracias Jesús por la pregunta sobre una cuestión de prioridad como es ayudar a los parados que más sufren la crisis. 

De entrada, aclaro que el Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una Proposición en la que instamos al Gobierno a que de forma urgente adopte las medidas que permitan reestablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a las reformas de 2012 y 2013. Nos referimos, también, al umbral de renta, para que se sitúe  exclusivamente en el correspondiente a la persona beneficiaría y no en la unidad familiar, a la cotización a la Seguridad Social, que deberá ser el 140% de la base mínima, y a su duración, que se tiene que extender hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación, salvo que optara por acceder a una edad inferior.
El Gobierno del Partido Popular es amigo de los discursos complacientes cuando se refiere a las consecuencias de la crisis en las personas y al grado de recuperación de nuestra economía, discursos que olvidan la realidad de los hechos. Es como si el Partido Popular quisiera hacer olvidar a la ciudadanía que todavía existen cifras dramáticas de desempleo y una situación de desatención, exclusión y pobreza para sectores importantes de la población. 

Frente a los discursos complacientes, los datos son incontestables. Hoy seguimos teniendo más de 4,23 millones de personas en situación de desempleo según la EPA 2016, de los que 1,76 millones llevan ya más de tres años en esa situación y camino de convertirse en desempleados crónicos. Precisamente, con esta iniciativa, el Grupo Socialista quiere volver a traer aquí la voz y los problemas de los más de 1 millón de parados mayores de cincuenta años, que son invisibles en el debate público pero que constituyen uno de los colectivos víctimas de las políticas neoliberales del Gobierno. 

Estas personas tienen experiencia y capacidad productiva suficiente para seguir una vida activa y, sin embargo, están olvidados porque apenas acceden a las políticas activas de empleo por los recortes que ha habido en ellas. Y porque muchos de esos hombres y mujeres de nuestro país integran esa vergonzosa cifra de los más de 2,2 millones de personas que se encuentran en situación de desempleo y que han perdido la prestación por desempleo.

Sin embargo, en vez de afianzar las ayudas al sistema de protección por desempleo,  el Gobierno del Sr. Rajoy emprendió una política muy lesiva contra las personas que estaban perdiendo su empleo. Su política, hasta el día de hoy ha sido la de reducir el gasto, mediante una merma continua del número de beneficiarios, perjudicando fundamentalmente a las personas mayores de 50 años, las cuales vieron que, a la par que se eliminaban las contenciones que dificultaban que fueran arrojadas del mercado de trabajo y junto a la constatación de su mayor dificultad para la inserción laboral, se endurecían los requisitos de acceso a los subsidios por desempleo o la calidad de la prestación.

De este modo, el Partido Popular facilitó el despido a los mayores de 50 años en las empresas con beneficios, sobre todo en las empresas multinacionales, y eliminó los incentivos para el mantenimiento del empleo de mayores de 60 años y para la contratación de mayores de 52 años. Y también suprimió el subsidio para mayores de 52 años, incrementando la edad de acceso hasta los 55 años, al mismo tiempo que dificultó el acceso a este subsidio al imputar a los posibles beneficiarios las rentas familiares, único subsidio en que se tienen en cuenta las rentas de la unidad familiar. Así́, las personas sin protección entre 52 y 55 años aumentaron un 93% y la caída en la protección pasó del 64,7% al 48,1% entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2015.

Pero además el Gobierno del Partido Popular redujo la cotización durante el desempleo para estas personas paradas mayores de 52 años en un 25% , al eliminar la cotización del 125% de la base mínima, cuantía que pactaron el gobierno socialista y los agentes sociales en 2007. Esta medida, de incidencia directa en la cuantía de la pensión, también se vio agravada ante la exigencia de que se jubilasen anticipadamente, aun cuando pudieran seguir cotizando y completar su carrera de cotización. A mayor abundamiento, el Partido Popular endureció la jubilación a los 61 años de edad y el relleno de lagunas de cotización, también pactada con los agentes sociales en 2011.

Por otra parte, desde que gobierna el Partido Popular en nuestro país, la tasa de protección por desempleo ha caído más de 15 puntos, y ha afectado a muchos colectivos, pero especialmente al colectivo de trabajadores mayores de cincuenta años. Esto no es por casualidad, sino el resultado de la política de recortes sistemática sobre las políticas de empleo que ha llevado a cabo el Partido Popular. Si comparamos lo que se invertía en el año 2011 en materia de política activa de empleo y lo que se invierte en el presupuesto del año 2016, las políticas activas de empleo han caído en más de 2.300 millones de euros. Esto significa que, teniendo menos ocupados que entonces y, como decía antes, más de 4,2 millones de parados en este momento, las inversiones en políticas activas de empleo han caído en nuestro país más del 30%. 
Tenemos una cifra de parados un poco más baja que la que había en el año 2011, pero los socialistas destinábamos más de 32.800 millones de euros a proteger a las personas en situación de desempleo de nuestro país y el Partido Popular destina poco más de 17.183 millones de euros en 2016 para proteger más o menos a las mismas personas. Subrayamos el más o menos porque la caída de las inversiones en protección por desempleo no se debe a una caída significativa del número de personas en situación de desempleo, sino a los recortes en materia de política de protección por desempleo.

Con estas medidas, el Gobierno del Partido Popular pretendió ajustar "el gasto público asociado al envejecimiento de la población", terminología empleada en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, presentado por el Gobierno a la Comisión Europea. Este documento es muy significativo pues expresamente señala que gracias a las reformas de 2013, en 2060 el ahorro en el gasto en pensiones español habrá supuesto 4,1 puntos porcentuales del PIB, teniendo un gasto en 2030 igual al de 2010 (10 puntos porcentuales PIB) e inferior al del 2020 (10,2 puntos), situándose en 2060 en el 9,6, y ello a pesar de la llegada del baby boom en los albores del 2030.

El Gobierno del Partido Popular ha legislado pues contra las personas mayores en desempleo por la crisis, ha llevado a cabo una política deliberada cuyo objetivo era la bajada de la protección por desempleo de estas personas y, en consecuencia, también de sus futuras pensiones. Con estos graves recortes, el Gobierno del Partido Popular ha dado otro paso en el debilitamiento de uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar: el sistema de pensiones, y precisamente para las personas que más lo necesitan.

Los que más han sufrido los recortes han sido, los más de un millón de trabajadores mayores de cincuenta años en situación de desempleo. Empezó por el Real Decreto-ley 5/2013, donde el Partido Popular limitó la jubilación anticipada, la jubilación parcial, el contrato de relevo y, como premio, redujo la cantidad que debían pagar las grandes empresas de nuestro país que tienen beneficios por despedir a trabajadores mayores de cincuenta años, haciendo más atractivo el despido de estos trabajadores. 

En ese mismo decreto-ley, en su disposición adicional octava, el Partido Popular decía cuál era la política activa de empleo que iba a hacer para los mayores de cincuenta y cinco años, que consistía en que, cuando perdieran toda formula de protección por desempleo, los consideraría colectivo prioritario para participar en acciones en política activa de empleo. 

Pero el golpe más efectivo fue el Real Decreto-ley 20/2012, donde se redujo la prestación por desempleo contributiva del 60 al 50 % a partir del séptimo mes, donde se eliminó el subsidio especial por desempleo para mayores de cuarenta y cinco años, donde se demoraba a los cincuenta y cinco años la entrada al subsidio de 426 euros por desempleo, que hasta entonces era a los cincuenta y dos — por cierto, decía el Partido Popular, para incentivar el alargamiento de la vida activa— y donde se computaban todas las rentas familiares en lugar de la renta personal para acceder al subsidio por desempleo. 

Por razones de justicia y de equidad hay que garantizar que, mientras no vuelva a trabajar, este colectivo tenga una renta mínima con la que vivir. El Partido Socialista quiere devolver la dignidad a los trabajadores mayores de cincuenta años de nuestro país, de modo que mientras no encuentren trabajo tengan una renta con la que seguir viviendo y una cotización que les permita obtener también una pensión digna en el futuro.