Somos Oumaima y Hajar, y vivimos juntas desde los 18 años cuando salimos de nuestras ciudades para venirnos a estudiar a Granada. Este último año se no hizo un poco más complicado encontrar piso, pero finalmente vimos uno que coincidía con las condiciones que buscábamos. Sin embargo, a la hora de firmar el contrato sufrimos una brutal discriminación racista por parte de la propietaria que, al ver nuestros nombres en los DNI nos preguntó que de donde éramos y nos dijo que para alquilarnos el piso al menos uno de nuestros padres tenía que ser “español de origen”.

Las dos estamos estudiando en la universidad, una Trabajo Social y otra Economía y nos urgía encontrar piso ya que ninguna de las dos somos de aquí. Yo, Oumaima, nací en Cantabria y Hajar en Jaén. Cuando la casera nos dijo esto, las dos quedamos en shock ya que estábamos a punto de firmar el contrato. 

Amablemente intentamos calmar la situación, le explicamos que nuestros padres eran de origen marroquí pero que tienen nacionalidad española, ya que llevan más de 30 años viviendo en este país. Frente a esto ella nos respondió que necesitaba saber que tenían solvencia económica: “y que al menos uno sea español de origen, con nómina y capacidad de responsabilizarse de los pagos”. La misma persona que en un principio nos pedía tan solo el aval de nuestros padres ahora quería también las últimas nóminas y añadía el indispensable requisito de que fuera de origen español. 

Tras la conversación por WhatsApp, intentó borrar los mensajes, pero nosotras ya los habíamos capturado. Más tarde nos llamó por teléfono e insistió en que no podía alquilarnos el piso porque nuestros padres eran de origen marroquí. “Entendedme, no tengo ninguna seguridad, igual os quedáis de okupas en el piso, pasa mucho con gente que no es de aquí”, nos dijo por teléfono. Ni siquiera nos dejó replicarle, cuando intentamos contestar nos colgó.

Por desgracia no es la primera vez que nos pasa algo parecido. Hace unos meses intentamos alquilar un piso con una inmobiliaria, pero todo se complicó cuándo recibimos un mensaje del vendedor por error: “las últimas parecen moras, mejor no se lo alquilamos a ellas”. Cuando se dio cuenta de que se había equivocado de número ya era demasiado tarde así que lo borró rápidamente. Por suerte también logramos capturarlo, aunque nunca llegaron a reconocer que ese mensaje lo habían mandado ellos. 

Lo peor es que, esto no sucede solo con inmobiliarias y propietarios. Sobre todo, hemos sufrido discriminación por parte de los inquilinos de los pisos. Recuerdo una vez que nos dijeron que no querían vivir con nosotras porque “nuestras culturas podían chocar” y seguro que “no nos llevábamos bien”. 

Los prejuicios y el estigma que sufren las personas de origen no español a la hora de encontrar piso son intolerables. En nuestro caso, las dos hemos nacido en España, incluso una de nosotras tenemos una madre de origen español (Oumaima), pero aún así seguimos enfrentándonos a esta discriminación racista en muchos de los ámbitos de nuestra vida. 

Por eso desde aquí queremos dirigirnos al Parlamento de Andalucía para pedir que se regule la normativa de los alquileres de tal manera que los propietarios que muestren una actitud discriminatoria hacia sus inquilinos o posibles inquilinos sean condenados. Necesitamos una ley que nos ampare.