La Plataforma en Defensa del IES San Fernando Madrid está constituida por un grupo de Madres y Padres de alumnos del IES San Fernando, junto con otros miembros de la comunidad educativa, cuyo objetivo es la paralización del posible traslado de un grupo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a la residencia ubicada dentro del complejo escolar del IES SAN FERNANDO, por considerar que:
1º La residencia se encuentra dentro del complejo educativo, compartiendo accesos y zonas comunes con los alumnos escolarizados, también menores de edad (desde 11 años en adelante).

2º Consideramos que compartir espacios y zonas comunes supone un riesgo para la seguridad de nuestros hijos, a tenor de las denuncias de los educadores del centro de Hortaleza en el que actualmente se encuentran, que a través de los medios de comunicación relatan, entre otras cosas, que “cualquier intención de poner el mínimo límite a sus conductas o la correspondiente medida educativa es respondida con todo tipo de insultos, vejaciones y agresiones físicas”, y que “son habituales los intentos de amotinamiento y agresiones que hace necesaria la presencia de la Policía”.

3º Otras poblaciones de Madrid con residencias adecuadas para el traslado de los MENAS se han opuesto al uso de sus instalacionespara este fin. En esta situación están Somosierra, Pozuelo o Tres Cantos, si bien suponemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha impuesto su criterio, como sí hace en nuestro centro escolar,  porque toma decisiones con criterios políticos dada la proximidad de elecciones.

4º El gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente reconoce los derechos de los MENAS, pero no reconoce los derechos de los alumnos y padres de alumnos del IES San Fernando, ya que no ha mediado comunicación sobre sus planes, todas las acciones que están desarrollando se ejecutan con absoluta opacidad y de espaldas a la comunidad educativa.

La Plataforma en Defensa del IES San Fernando Madrid llevará a cabo todo tipo de acciones divulgativas y reivindicativas en tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid siga tomando decisiones unilateralmente, sin transparencia e ignorando a los principales afectados de las mismas, padres de alumnos del centro escolar.