Desde RMI tú Derecho, plataforma Integrada por diversos colectivos, movimientos ciudadanos y organizaciones,  afirmamos que la pobreza es consecuencia de la inacción de los gobiernos y la posición de indefensión aprendida de los ciudadanos, ¡¡¡NINGUNA PERSONA ELIGE SER POBRE Y MENOS LOS NIÑOS!!! Por eso desde hace años acompañamos o somos personas que vivimos el maltrato institucional a la hora de ejercer el derecho a tener garantizado el acceso a recursos básicos de subsistencia y apoyo para la inserción laboral y social: renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital.

Estamos convencidos que la movilización puede cambiar las cosas, la inacción facilitará que empeoren. Te contamos cómo está la situación:

Según UNICEF, “la pobreza infantil en España es del 27,4%, es uno de los países de la Unión Europea con mayor pobreza infantil y donde las prestaciones monetarias tienen menor impacto….y…. la pandemia de la COVID-19 sin duda va a aumentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad infantil”.

Cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en junio de 2020 por el RDL 20/2020, la prestación por hijo a cargo que la Seguridad Social tenía establecida, con unas cuantías muy por debajo de las de la mayoría de los países de la Unión Europea, quedó integrada en el nuevo IMV y como residual para aquellas familias que no cumplan los requisitos para percibirlo. 

Aplicando lo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social a muchas familias les sustituyó la asignación por hijo por la prestación del  IMV transitorio que terminará, después de varias prorrogas, en diciembre de este año 2022.  Muchas familias no cumplen requisitos pese a vivir por debajo del umbral de pobreza, por lo que han perdido ambas prestaciones.

Brotaron esperanzas en muchas familias cuando se informó, desde el entorno del Gobierno y de los partidos que lo forman, que en la ley que se estaba tramitando para regular el IMV, se establecería una ayuda a la infancia compatible con el IMV y a la que también tendrían acceso familias no perceptoras de IMV.

Esperanzas que han quedado truncadas con la publicación de la Ley 19/2021, que entró en vigor el 1 de enero, que regula el IMV y establece esa ayuda a la infancia, en el artículo 11.6. y establece que el complemento se aplicará a todas las familias con menores que perciban el IMV.  

En la práctica, una vez más no se cumplen las promesas. La situación actual es que muchas familias que en 2021 percibían el IMV, se enfrentan a la desaparición de la prestación, en algunos casos por errores en el cómputo de ingresos reflejado en su Declaración de la Renta por la AEAT, otras, han recibido comunicados de que todos los niños, sea cual sea su edad, deben presentar el DNI para acreditar su identidad, gestión muy compleja para muchas familias con los Registros Civiles, sin atención presencial, y sin conocimientos informáticos para realizarlo sin asistencia.   

Además las familias que no perciben el IMV no entienden que deban realizar la solicitud del complemento para la infancia, ya que son prestaciones diferentes, con la solicitud del IMV y que tengan que cumplir todos sus requisitos, salvo los de vulnerabilidad económica, que se flexibilizan, cuando nada de esto aparece regulado en la Ley. Esto dejará fuera a familias con menores que conviven con familiares sin permiso de residencia y otras situaciones que tengan que acreditarse con certificados de exclusión. Además a las familias perceptoras de IMV esta ayuda se les considera parte del IMV, lo que puede crear dificultades respecto a otras prestaciones. 

De nuevo nos encontramos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reinterpretado la Ley a su gusto y complicado la gestión para que la ayuda no sea lo que dijeron iba a ser, es una oportunidad perdida y las mejoras anunciadas se han rebajado mucho, especialmente el complemento a la infancia. 

Es necesario que se modifique y la ayuda familiar se considere una prestación independiente al IMV, con un modelo de solicitud específico, unos requisitos propios y que su cuantía no se incluya en la cuantía del IMV y que no sea computable a efectos de IMV.

Estas son necesidades sociales inmediatas. Si no se atienden, muchas familias empobrecidas habrán sido de nuevo defraudadas por la distancia entre retórica y hechos. 

España debe explorar y consensuar fórmulas más eficaces, más acordes con la Carta Social Europea y más accesibles, para la protección a la infancia y considerar experiencias europeas que nos son cercanas, de países que han optado por trasferencias directas incondicionales y universales, vinculadas solo al hecho de ser menores de edad. 

En todo caso, rechazamos rotundamente la acumulación de requisitos de acceso a las prestaciones sociales. Creemos que los niños son una responsabilidad social. Un país que se precie de avanzado democráticamente no debe permitir la desprotección de la infancia en general, pero mucho menos de la más desprotegida. 

Por ello, defendemos una prestación infantil universal como alternativa al vergonzoso complemento para menores regulado en la Ley 19/2021 del IMV como sustitución de la insuficiente prestación por hijo a cargo previa.

Suma tu apoyo con tu firma y comparte esta petición para que llegue al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados.