El futuro de las pensiones es uno de los grandes retos que se deben afrontar, y creo que debe hacerse desde un principio que para mí es esencial y es la necesidad de mantener un sistema de pensiones suficiente, digno y solidario, por la gran capacidad redistributiva de la riqueza que tienen las pensiones.  Es decir no solo es que se deba ser optimista en su mantenimiento, sino que hay que hacer esfuerzos en que sea no solo sostenible, sino equitativo.

Hemos entrado en una dinámica, en la que en el conflicto entre garantizar la sostenibilidad financiera o la suficiencia de las pensiones se ha resuelto en favor de la sostenibilidad financiera de las pensiones, olvidando que las pensiones deben ser suficientes para garantizar una vida digna; así las medidas adoptadas hasta ahora, lo que han conllevado han sido continuos recortes, sin que se haya explotado ningún otro camino como es la necesidad de diseñar nuevas fuentes de financiación vía impuestos.

Tenemos que ser capaces de garantizar y desarrollar los principios del sistema de pensiones como un sistema de  reparto y contributivo. Incrementando progresivamente la financiación del Estado, nosotros en el programa defendíamos que fuera con una nueva figura impositiva, solo para financiar las pensiones.

Hasta este momento se nos ha planteado casi un problema facilón de alumnos de primaria: puesto que la población envejece y se acabará jubilando la generación del baby boom, el gasto en pensiones aumentará mucho a medio plazo. Solución obvia: si se quiere salvar el modelo público de pensiones, urgen los recortes. Y así no hay país de la Unión Europea que no tenga planteado el problema en estos términos simples.

Y sin embargo, la unanimidad política en Europa en sus instituciones, sus gobiernos y los principales partidos dista mucho de tener el mismo grado entre los expertos. Hay muchos expertos solventes, con menos voz en el debate público, que sostienen que el problema es más político que demográfico y que no puede plantearse sólo como una cuestión de recortes. Piden una respuesta más amplia que tenga en cuenta la equidad.

Las  dos reformas del sistema de pensiones han llevado a recortes de protección. La primera, aprobada por el Gobierno del PSOE, consistió en un endurecimiento de los requisitos para acceder al sistema: edad de jubilación más tardía (67), más años cotizados para cobrar el 100% de la pensión (25), si bien estas dos reformas no incidieron en la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sino todo lo contrario, pues el PSOE aumento un 7% la pensión mínima.

La segunda, aprobada por el PP, ha implantado el índice de revalorización anual, que ya no están ligadas al IPC y el factor de sostenibilidad, que recorta la primera pensión, en función de la esperanza de vida del recién jubilado. Estos dos mecanismos han llevado a que por vez primera las pensiones pierdan poder adquisitivo, y la aplicación del factor de sostenibilidad conlleva que entre la fecha de la jubilación y la muerte la pensión va a ser un 40% menor.

El debate trampa de la insostenibilidad del sistema y que la única vía es a través de los recortes nos lleva a otro debate trampa sobre la necesidad de acudir a las pensiones privadas como única forma de garantizar las pensiones, idea que nuestro grupo rechaza de forma absoluta, no solo porque la capacidad de ahorro de los trabajadores es muy limitada, sino porque la base del sistema que queremos es un sistema público de pensiones.

Es preciso avanzar en otra dirección,  habría que reflexionar sobre qué parte del PIB se considera adecuada para garantizar una vida digna de los jubilados y luego estudiar cómo alcanzar la financiación necesaria. En cambio, los defensores de reducir las pensiones toman como límite un determinado gasto como porcentaje del PIB y estudian qué hacer para que no aumente.

Nuestro sistema no solo es sostenible a medio plazo, sino que debe serlo y para ellos las reformas no pueden limitarse a los recortes, sin perjuicio de que es preciso impulsar nuevas medidas para financiar el sistema y potenciar las ya existentes a través de la cuota (con las actuales políticas de empleo del PP, se cotiza una cuantía muy inferior a que debería cotizarse en función de los salarios adeudados a los trabajadores: contratos a tiempo parcial, para la formación. Mínimos exentos, bonificaciones a la contratación indefinida, no han servido para crear empleo pero si para afectar a la Caja del Sistema).

Desempleo y bajas cotizaciones son dos aspectos que perjudican las pensiones, incluso a corto plazo, pues ya hemos visto como el gobierno ha dilapidado el fondo de reserva.

 Es preciso ofrecer vías alternativas al simple recorte para reforzar el modelo público, y en ello se está trabajando en la Comisión de Pacto de Toledo.

Algunos expertos aseguran que la defensa de las pensiones empieza en los niños, una buena red de guarderías públicas aumenta la tasa de ocupación, tanto por la contratación de educadores como por la facilidad de conciliación de madres y padres, lo que aumenta las cotizaciones, la mejoría es especialmente importante en la tasa de ocupación femenina. Además, las guarderías y las escuelas de 0 a 3 años contribuyen al aumento de la tasa de fecundidad, otro elemento clave para las pensiones, señalan los expertos que se requieren políticas de muy diverso tipo para hacer viable el modelo público de pensiones.

El modelo público de pensiones descansa en el mercado de trabajo elevar la tasa de ocupación, que en España es básico para las cotizaciones y las pensiones. Lo que amenaza las pensiones es la falta de empleo, el empleo precario, los salarios bajos. En este sentido se ha planteado también que los salarios más altos coticen de forma progresiva, así el aumento de los ingresos sería importante, ya que según datos de CCOO, más del 30% de la masa salarial queda fuera de cotización por efecto de los topes.  

Es necesario garantizar carreras de cotización más largas sin que ello implique a la fuerza jubilarse después de los 65, estamos pensando alargar la edad de jubilación cuando lo que vemos al analizar el mercado de trabajo es que los jóvenes entran más tarde al mercado laboral y también uno de los que expulsa antes a los trabajadores un poco más mayores. Ambos fenómenos, juntos, pueden ser letales para el modelo: menos años cotizando, más años cobrando pensión.

Es preciso impulsar políticas activas de empleo que impulsen el empleo de los colectivos más jóvenes y también de los trabajadores en edades más próximas a la edad de jubilación, ¿ qué sentido tiene alargar más la edad de jubilación si hay un 40% de trabajadores que acceden a la jubilación desde una situación de no alta en la empresa?. Evitar la expulsión prematura del mercado laboral es una de las preocupaciones comunes entre los economistas que quieren preservar el modelo público de jubilaciones.

Y desde luego es esencial garantizar que la financiación de las pensiones se haga no solo con cargo a cuotas sino a cargo del presupuesto público, como todo servicio de la Administración. La separación de las cuentas de la Seguridad Social y el imperativo de autofinanciarse, parece a medio plazo insostenible, siendo esencial incrementar cada vez más la aportación del Estado vía impuestos, lo que llevará al equilibrio de las fuentes de financiación.