Hace unos días aparecía en prensa como noticia el incremento de la siniestralidad laboral, achacando la misma a la recuperación de la actividad económica y el aumento del empleo.

Es vergonzoso intentar justificar el aumento del número de accidentes en una supuesta mejora del empleo.

 Hay otros factores que han llevado al aumento de la siniestralidad: desde la reforma laboral del Partido Popular y su forma de gestionar las relaciones laborales, estas son precarias, los empresarios se han relajado al hilo de la crisis económica y justificándose en esta circunstancia muchos han dejado de invertir en prevención, tenemos un marco normativo que acoge mal situaciones nuevas, como son la excesiva parcialidad, los falsos autónomos, la aparición incontrolada de los TRADES, la externalización y subcontratación abusiva; con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, las relaciones laborales cada vez son más flexibles, se trabajan muchas horas no retribuidas ni cotizadas, al amparo de una falsa parcialidad, se ha apostado polivalencia funcional, no hay estabilidad en el empleo, debido a la alta tasa de temporalidad por el uso abusivo de los contratos temporales y los trabajadores tienen miedo a perder su trabajo, se hacen escasa reclamaciones individuales y aún menos por incumplimientos de obligaciones preventivas. Todo ello ha llevado a que el trabajador sea mas vulnerable pues acepta para no quedarse en desempleo cualquier condición de trabajo y esté más expuesto no solo a sufrir un accidente, sino existen nuevos riesgos psicosociales y derivados del estrés laboral. Como señalaba además muchas personas que son realmente trabajadores, como los falsos autónomos carecen de protección.  

La mercantilización de los SPA, ha llegado a su máxima expresión con la entrada de las empresas privadas en la prevención, situación que no favorece la integración de la prevención en la empresa. Los déficits que tenían nuestras empresas tradicionalmente se han agudizado con la crisis y, actualmente, a la empresa le es muy fácil decir que es un coste que en situación de crisis no puede asumir.

La dejadez del actual gobierno en relación a la prevención de riesgos ha sido absoluta, no ha llevado impulsado ninguna reforma, ni diálogo social relacionada con la normativa preventiva a pesar de las circunstancias referidas y cada vez tenemos más riesgos emergentes, riesgos psicosociales, estrés laboral, más accidentes de tráfico, nuevas patologías.

Se ha debilitado el poder sindical, se ha abandonado la concertación social y el Partido Popular en estos años ha acabado con el pilar básico de la prevención, al amparo de la directiva comunitaria, que era la consulta y la participación.

Existen colectivos muy vulnerables que acceden al mercado de trabajo, como los jóvenes, los trabajadores con discapacidad, las mujeres, a las que la legislación en materia de prevención no hace ninguna referencia; a esos tres colectivos les dedica un solo artículo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además este gobierno no ha apostado por la prevención, en los PGE para el 2016 la partida dedica al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha disminuido de forma que solo cubre gastos de personal y mantenimiento de las instalaciones, ha disminuido en un 40% el crédito vinculado a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que es muy importante porque ayuda a la pequeña y mediana empresa en temas de formación, de información, de asistencia técnica, se ha presupuestado menos para los programas de seguimiento y control de los partes anuales de enfermedades profesionales a través del Cepross,  la Estrategia 2015-2020 en materia de prevención de riesgos laborales, no se ha dotado de contenido económico...

La causa de este aumento de la siniestralidad no va vinculada a una mejora del empleo sino al deterioro continuado de las relaciones laborales, a la ruptura de la acción sindical  a las que han llevado las políticas de empleo del Partido Popular y a la ausencia de interés tanto en el ámbito normativo como presupuestario de este gobierno por la prevención.

Es necesario acabar con el trabajo precario regulando un nuevo estatuto de los trabajadores, invertir en prevención y acometer un análisis profundo de la normativa vigente, además de recuperar la negociación colectiva y la concertación social para acometer todas estas reformas. Aumentando las campañas de inspección de trabajo para vigilar el cumplimiento de la normativa.