A casi cuatro años desde que ocurrió el grave accidente del tren Alvia, en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 152 resultaron heridas", se han producido importantes novedades que hacen necesario llevar a cabo la investigación sobre todas las posibles causas del accidente ferroviario.

Se conoció en julio de 2016 el Informe de las autoridades de la Unión Europea, -por medio del organismo "Agencia Ferroviaria Europea"- que puso en cuestión los fundamentos de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Fomento.

La Audiencia de A Coruña, en su acuerdo de 27 de mayo de 2016, sostiene que “existen indicios”, “de que el método aplicado por Adif, tanto como pauta general como en el caso investigado presenta carencias que determinaron que no se apreciase el riesgo realmente existente. Destacan los magistrados que “no se trata exclusivamente de que el modo en el que se valoró o gestionó el riesgo para la autorización de la línea no fuese el adecuado” sino que ese modo de valoración puede “adquirir una relevancia causal respecto del accidente al haber indicios de que existía efectivamente un riesgo excesivo en la curva” y que este “debería haber sido paliado hasta límites aceptables”. El accidente, que provocó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad a la llegada a la estación de Santiago de Compostela, causando 80 muertos y 152 heridos, "no ha sido investigado de forma independiente”, afirma, por su parte, la Agencia Ferroviaria Europea, según publicaron en julio de 2016 diferentes medios de comunicación. En tal sentido, señala que: "teniendo en cuenta la relevancia del accidente, esta agencia considera que debería abrirse una investigación que siga los requisitos de independencia adecuados” La evaluación de Bruselas estima que la investigación se ha centrado en el error humano del conductor y ha obviado “cuestiones esenciales sobre el origen del accidente”. Por su parte, la plataforma de víctimas del accidente ya venía denunciando que la investigación “no fue independiente, ya que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas implicadas en el accidente: RENFE, ADIF e INECO”. es decir, los responsables que, en su opinión, “desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos".

Por último el Auto de 10 de marzo de 2017 emitido por el Juzgado de Instrucción N.3 de Santiago de Compostela, en relación con la investigación judicial sobre las causas del accidente ferroviario del tren Alvia, en alta velocidad, acaecido el pasado 24 de julio de 2013, en la línea 082 Ourense-Santiago y en la curva de Angrois, avanza:

 
"Primero, existía una situación de riesgo consistente en el posible descarrilamiento en curva por exceso de velocidad;

Segundo, dicho riesgo era evidente dada la reducción significativa de velocidad que exigía la entrada en la curva (80 km/h) precedida de una larga recta en que el tren podía perfectamente alcanzar velocidades de hasta 200 km/h;

Tercero, dicho riesgo fue convenientemente detectado y comunicado a ADIF por parte de la UTE LAVOS e INECO, reconociendo ambos la insuficiencia del subsistema suministrado (ASFA) para conjurar o mitigar el mismo;

Cuarto, ADIF tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable desde la óptica de las normas CENELEC, lo que la situaba en una posición de garante respecto de las posibles consecuencias derivadas del incumplimiento de dicha obligación y, finalmente,

Quinto, ADIF no cumplió con dicho deber habiendo tolerado la exportación de dicho riesgo al maquinista sin efectuar una previa valoración integral de la línea que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano, lo que, en términos de contribución causal al resultado finalmente producido, equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el deber de conjurar y/o mitigar."

"En conclusión, existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF, a quién en principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circulación según se acaba de exponer, no cumplió con dicho cometido generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios el pasado 24 de julio de 2013.

Creo por lo tanto que hay motivos suficientes para defender la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación a los efectos de esclarecer las causas, independientemente de la investigación judicial; es de justicia social, y lo mínimo que se puede pedir que se investigue y se de la cara, cuando una decisión política ha traído como consecuencia   víctimas y dolor, es preciso dar una explicación, porque una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa la responsabilidad política que no son incompatibles