Estimado David los jóvenes son uno de los colectivos que más han sufrido con las políticas del partido popular, tanto en materia de empleo, como de educación y que precisan atención prioritaria y urgente, no sólo por la situación de desempleo que sufren, sino porque las fórmulas utilizadas para emplear a los jóvenes han llevado a la precarización más absoluta de las relaciones laborales de este colectivo, como son las becas no retribuidas y los contratos para la formación, estas dos fórmulas han sido usadas para tener trabajadores baratos y sin derechos.

Además son cada vez más los jóvenes lque se ven obligados a emigrar en busca de un trabajo y una forma de vida en el extranjero, lo que crea un problema grave problema demográfico, afectando también al sistema de pensiones, no sólo a corto plazo pues las fórmulas utilizadas para dar empleo a nuestros jóvenes, basados en la devaluación salarial y en las bonificaciones de cuotas no recaudan nada a la seguridad social, sino  a largo plazo, al afectar a la solidaridad intergeneracional en que se basa nuestro sistema de pensiones.

En marzo, un total de 347.117 jóvenes menores de 25 años estaban registrados como desempleados en los Servicios Públicos de Empleo; un 8,55% del total. Además, el colectivo de parados sin empleo anterior (un 51% son menores de 30) es el único que ha crecido en marzo, más del 1% y se produce un elemento añadido preocupante y es que cada vez es menor la tasa de actividad, es decir los jóvenes cada vez se integran menos al mercado de trabajo.

No están tampoco en mejor situación los que trabajan, pues están sometidos a una verdadera explotación laboral, pues muchos jóvenes titulados son becarios que amparan verdaderas relaciones laborales no retribuidas y al margen del Estatuto de los Trabajadores y otros muchos están afectados por el uso indiscriminado de los contratos para la formación.

Los cambios legislativos llevados a cabo en el contrato para la formación y el aprendizaje por el Partido Popular, lejos de haber conseguido que los jóvenes hayan obtenido formación y acreditación, han derivado en que esta modalidad contractual no solo sea un elemento determinante de la precarización del empleo de los mismos sino de la disminución en la recaudación de cuotas de la seguridad social.

Con las modificaciones del partido popular de los contratos para la formación se favoreció únicamente a las empresas para tener trabajadores  “baratos”: se flexibilizaron los requisitos exigidos a empresas para acogerse a esta modalidad contractual: se elimina el requisito de que el contratado carezca de titulación y se permite que encadene contratos, en la misma o distinta empresa, siempre que sean para “aprender” ocupaciones diferentes, se reduce el contenido formativo, se recorta el porcentaje de horas de formación teórica en el segundo y tercer año; se elimina la obligación de realizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria si la persona contratada no cuenta con ese título y que la formación puede no conducir a la obtención de un título de FP o un certificado de profesionalidad, se da un generoso paquete de bonificaciones que incluye, entre otras, la reducción del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresa (con plantilla inferior a 250) y trabajador y la financiación del coste total de la formación cuando se realiza en centros privados.

Y a mayor abundamiento el incumplimiento sistemático de dos de los elementos esenciales de este tipo de contrataciones: que el trabajador dedique solo el 75% de su jornada a su actividad profesional (el 85% durante el segundo y/o tercer año) y el 25% y que se forme, hace que de facto se disponga de un trabajador que trabaja toda la jornada o más por un salario inferior al legal o convencionalmente establecido y sin cotizar ni un euro a la Seguridad Social.

Además apenas el 2% de los contratos de formación celebrados han pasado a ser indefinidos en la empresa a pesar de las bonificaciones.

Tampoco el Partido popular ha sabido gestionar la garantía juvenil, el impacto del Plan de Garantía Juvenil en el mercado de trabajo está siendo nulo a 31 de marzo, 245.725 jóvenes menores de 30 años estaban inscritos, sólo un 19% de los desempleados EPA de este tramo de edad.

Es decir el partido popular ha abandonado también en relación a los jóvenes las políticas activas de empleo, basándose solo en subvencionar al sector privado a través de las bonificaciones a la contratación, y precarización de este colectivo. paradójicamente, siendo el desempleo el principal problema de los jóvenes, las políticas activas han sido objeto de severos recortes, retirando un 30,8% de los presupuestos anuales, más de 14.000 millones de € acumulados a lo largo de la legislatura, lo que supone una media anual de 2.800 dejados de aportar.

El PSOE propone las siguientes medidas, para incentivar el empleo estable y de calidad de los jóvenes:

-     Derogar con carácter inmediato la reforma laboral del PP. Mantener el contrato para la formación revisando aquellos elementos que distorsionan su finalidad formativa y precarización el empleo juvenil.
-    Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de activación para la juventud desempleada, fomentando su aspecto educativo y formativo y  garantizando la participación de los Sindicatos en su seguimiento.
-    Promover programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano. Y diseñar actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia a través de programas de primera experiencia profesional.
-    Terminar con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cambios normativos para asegurar que la finalidad de la actividad del becario o becaria en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre incorporada a un programa formativo curricular. Y se garantizarán sus cotizaciones a la Seguridad Social.
-    Elaborar un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura y apoyar  la profesionalización de los jóvenes en el desarrollo de sus actividades en todos los ámbitos de la agricultura y de la industria agroalimentaria.
-    Trabajar en la Unión Europea para conseguir un Marco de prácticas laborales reguladas, para impulsar la empleabilidad en el ámbito europeo, abriendo así oportunidades profesionales a los jóvenes europeos, con unos niveles salariales y de protección dignos.
-    Aprobar, con carácter inmediato, un Plan de Choque para el Empleo que tenga a los jóvenes desempleados como principales destinatarios, especialmente aquellos que, al carecer de formación, presentan problemas específicos de empleabilidad. 
-    Poner en marcha un Plan de Choque para la Formación y Acreditación de competencias de los jóvenes sin titulación de ESO y que no trabajan, para que 700.000 jóvenes que han abandonado el sistema educativo adquieran la formación básica para su recualificación profesional.