La Iberia vaciada es un tema de actualidad de la agenda política. Pero, aunque sea novedoso o actual para a la agenda política y/o mediática, no es un fenómeno nuevo. El llamado éxodo rural comenzó en los años sesenta y, desde entonces, no se ha detenido, sino que se ha ido incrementando a causa de las crisis económicas y la falta de trabajo.

Nos vamos de nuestros pueblos por obligación, no por deseo. La falta de oportunidades laborales y de infraestructuras importantes como el transporte, hacen que la vida en las zonas rurales sea inaccesible para muchos jóvenes y para muchas familias.

En las grandes ciudades hay mejores infraestructuras, mejor acceso a los servicios básicos y una digitalización mucho más avanzada, por lo que el desarrollo de la vida laboral acaba siendo más sencillo. Tanto es así que muchos pueblos se están quedando sin cajeros automáticos e incluso sin acceso a internet, algo que hace cualquier trámite burocrático imposible. Este éxodo hacia las ciudades se está acelerando cada día con mayor rapidez y es necesario actuar ya.

Según el Informe Anual de 2020 del Banco de España un 42% de los municipios españoles están en peligro de terminar completamente despoblados al estar habitados sólo por personas mayores. 

Es por eso que consideramos necesario prevenir la despoblación rural en la Península Ibérica desarrollando propuestas que ayuden a asentar población en regiones deprimidas. Es responsabilidad de las instituciones no abandonar las zonas rurales. España y Portugal no sólo lo forman los grandes núcleos urbanos; las administraciones públicas de los dos países (locales, regionales o estatales) deben contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos. Tenemos derecho a elegir donde vivir y a no vernos obligados a abandonar nuestra tierra y amigos por falta de oportunidades laborales o infraestructuras. No basta con hablar de despoblación, hay que actuar en consecuencia.