Aldrich Rivera, nicaragüense de 29 años, murió el pasado 4 de mayo al tocar un cable de alta tensión mientras recogía naranjas en una finca de la provincia de Huelva. No estaba dado de alta en la Seguridad Social ni tenía permiso de trabajo. Esta no era la primera vez que se veía obligado a trabajar en economía sumergida, pues la injusta Ley de Extranjería no deja otra alternativa. Esto es habitual sobre todo en el sector agrícola español, donde los jefes explotadores abundan y se aprovechan de los migrantes vulnerables en situación irregular.

Es el segundo ciudadano nicaragüense que pierde la vida en menos de un año en el campo. Eleazar Benjamín Blandón murió en agosto en Murcia por un golpe de calor. No sólo no lo socorrieron a tiempo, sino que además lo abandonaron en la puerta de un centro de salud en Lorca y se marcharon. Eleazar trabajaba todos los días desde las 5 de la mañana en jornadas de más de 12h en una plantación de sandías donde la temperatura superaba los 44 grados, sin agua para refrescarse. Tampoco él tenía papeles ni estaba regularizado, motivo por el cual le trataban así.

Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, los accidentes laborales mortales en el campo ascendieron en 2020 a un 33%: 59 agricultores y ganaderos perdieron la vida trabajando. Tanto Aldrich como Eleazar vinieron a España huyendo de la crisis política de su país, obligados a buscar sustento lejos de sus familias. No son los únicos; actualmente cientos de migrantes se encuentran trabajando en el campo ilegalmente y sin ningún tipo de derecho laboral.

Este tipo de muertes no son casos aislados, sino consecuencias directas de la explotación y la vulneración de los derechos humanos que muchos terratenientes llevan a cabo con ciudadanos migrantes, son muertes que se pueden evitar. Es necesario que la Ley de Extranjería se agilice para que estas personas puedan ser regularizadas mucho antes y no se tengan que ver obligadas a trabajar sin papeles y sin derechos. Pero lo que es aún más importante: es necesario un control estricto de estos campos y de las condiciones de trabajo de estas personas. Que no tengan papeles no da derecho a ningún terrateniente a explotarles laboralmente. Esto no puede seguir pasando: los derechos de las personas migrantes deben ser una prioridad.