Las trabajadoras y trabajadores de la seguridad privada no pueden ni deben seguir soportando los niveles actuales de precariedad laboral y social. El actual modelo de regulación del estado de la actividad, demuestra una clara intención de proteger únicamente los beneficios de las empresas sin atender ni a la calidad de los servicios prestados ni a la diginidad de las trabajadoras y trabajadores.

La percepción de impunidad de la que disfrutan los empresarios del sector cuando incumplen la ley se ve acrecentada por la complicidad de éstos con la administración pública, sus principales clientes, y con la permisividad de un sistema sindical viciado y vendido, encabezado por las tres grandes centrales sindicales CCOO, UGT y USO.

Necesitamos mediadas reales y urgentes. 4.500 compañeros y compañeras intentamos alzar la voz el pasado 27 de septiembre en Madrid, muchos de ellos y ellas llevan meses sin cobrar, dos huelgas de hambre, recogida de fimas y alimentos, una intervención en el Parlamento Europeo...¿todo para nada?¿tanto poder tienen los corruptos de este sector que pueden vulnerar al propio Congreso?